Las elecciones estatales de Florida no deberían reducirse al tema migratorio. El futuro de nuestro estado también se decide en asuntos que afectan diariamente a millones de residentes: el costo de la vivienda, los seguros de hogar, los impuestos a la propiedad y la protección de nuestros adultos mayores y personas con discapacidades.
Reconocemos que la inmigración es un tema activo en Florida y en toda la nación. Pero una cosa es informar sobre la realidad migratoria y otra muy distinta es utilizar el miedo y la incertidumbre para influir políticamente sobre una comunidad, especialmente sobre las personas que se encuentran en una situación migratoria vulnerable.
El reciente caso ocurrido en Lake Worth Beach es un ejemplo que merece ser analizado con responsabilidad. Según reportó WPEC CBS12, María Leiva Pérez y Abraham Domingo enfrentaban órdenes finales de deportación. La pareja viajaba con sus hijos menores en un vehículo conducido por su hija de 18 años cuando fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza.
De acuerdo con el reporte citado por la cadena, la joven no había cometido ninguna infracción; la detención estuvo relacionada con la información asociada a la placa del vehículo. También se informó que ambos adultos tenían órdenes finales de deportación y que Domingo había enfrentado anteriormente cargos relacionados con negligencia infantil y agresión doméstica.
Es importante separar los hechos de las interpretaciones. Una orden final de deportación emitida por un juez de inmigración es una decisión que las autoridades pueden ejecutar. Presentar una detención de este tipo sin explicar ese contexto puede generar una percepción equivocada de lo ocurrido y aumentar innecesariamente el temor dentro de la comunidad.
La pregunta que debemos hacernos como sociedad es otra: ¿cómo ayudamos a las familias que enfrentan una situación migratoria complicada?
Las familias con estatus migratorio vulnerable deben informarse, consultar con un abogado de inmigración acreditado y preparar con anticipación un plan familiar. Si existen hijos menores, deben determinar quién podría hacerse responsable de ellos, mantener documentos importantes organizados y conocer los derechos que tienen tanto los adultos como los menores durante una interacción con las autoridades.
Informar no significa asustar. Defender a una comunidad tampoco significa ocultarle información.
Los medios hispanos tienen una responsabilidad especialmente grande: decir la verdad, explicar el contexto y no utilizar el miedo de las personas más vulnerables como herramienta política.
Florida necesita un debate serio sobre inmigración, pero también sobre vivienda, seguros, impuestos, economía y calidad de vida. Nuestros votantes merecen decidir su futuro con información completa, no bajo presión ni temor.
La comunidad hispana merece información, no miedo. Y Florida merece elecciones basadas en hechos, no en desinformación.
