Durante años he escuchado a candidatos y activistas prometer que van a «sacar el gran dinero de la política». Es uno de esos lemas políticos que, a primera vista, resulta casi universalmente atractivo. La democracia debería pertenecer a los votantes, no a quien tenga los bolsillos más profundos.
Pero últimamente me he preguntado si hemos desarrollado dos definiciones diferentes de lo que significa «gran dinero».
Una definición se aplica a las corporaciones, los comités de acción política, los Super PAC, los multimillonarios, las organizaciones de influencia política, los sindicatos y grupos como AIPAC.
La otra parece desaparecer cuando el dinero sale de la propia cuenta bancaria del candidato.
Vale la pena examinar esa inconsistencia.
Los PAC corporativos, las organizaciones sindicales, los grupos ambientalistas, los Super PAC respaldados por la industria de las criptomonedas, los comités políticos financiados por multimillonarios, las asociaciones de abogados litigantes y las personas adineradas invierten cantidades significativas de dinero para influir en las elecciones estadounidenses. Sin embargo, algunas voces de la izquierda progresista parecen concentrar críticas particularmente intensas en AIPAC, especialmente durante las recientes primarias demócratas.
AIPAC debe estar absolutamente sujeto al escrutinio público. Como cualquier otra organización importante que participa en la política estadounidense, sus posiciones, respaldos, gastos e influencia son temas legítimos de debate público.
Pero si el principio detrás de esa crítica es realmente la oposición a la concentración del dinero en la política, ¿no debería aplicarse ese mismo principio de manera consistente?
¿No deberíamos examinar con el mismo escepticismo el dinero corporativo, el dinero sindical, el dinero de los multimillonarios, el dinero de los Super PAC, el dinero de las organizaciones de influencia política y las fortunas personales utilizadas para financiar campañas?
De lo contrario, la pregunta se vuelve inevitable:
¿Realmente estamos tratando de sacar el gran dinero de la política, o solamente ciertos tipos de gran dinero?
Esa pregunta se vuelve especialmente interesante aquí, en el Distrito Congresional 23 de Florida, donde Victoria Doyle desafía a la congresista Lois Frankel.
Doyle ha enfatizado repetidamente que no acepta dinero de PAC. Sus informes de financiamiento de campaña respaldan esa afirmación. Para los votantes preocupados por la influencia de los intereses especiales, eso puede resultar atractivo.
Pero los informes cuentan otra parte importante de la historia.
Aproximadamente dos tercios del dinero detrás de la campaña de Doyle —unos $325,000 de aproximadamente $483,600 en ingresos totales— provienen de préstamos que ella misma hizo a su campaña, según el informe Pre-Primary 2026presentado ante la Comisión Federal Electoral (FEC) el 4 de agosto de 2026, junto con una enmienda al informe trimestral de julio presentada ese mismo día.
Solo alrededor de un tercio proviene de contribuyentes individuales.
La campaña de Frankel presenta una imagen casi opuesta.
Ella sí acepta contribuciones de PAC. Pero casi el 73 por ciento de sus aproximadamente $2.28 millones en ingresos proviene de contribuyentes individuales, mientras que aproximadamente el 23 por ciento proviene de comités políticos. Sus informes de campaña no muestran préstamos ni contribuciones personales de la candidata durante este ciclo electoral.
Esa diferencia merece más atención de la que permite un simple eslogan sobre el dinero de los PAC.
Una candidata puede decir con absoluta veracidad: «No acepto dinero de PAC».
La otra puede decir, también con absoluta veracidad, que la gran mayoría del respaldo financiero de su campaña proviene de contribuyentes individuales.
Entonces, ¿cuál de estos dos modelos representa menos «gran dinero»?
La respuesta no es tan obvia como la publicidad política quisiera hacernos creer.
Frankel también posee un historial legislativo en materia de reforma del financiamiento de campañas. Ha respaldado la Ley Para el Pueblo (For the People Act), ha copatrocinado la Ley DISCLOSE (DISCLOSE Act) y ha apoyado propuestas de reforma constitucional destinadas a limitar la influencia del dinero en las elecciones.
Doyle ha pedido revocar Citizens United, ha criticado la influencia política corporativa y ha rechazado contribuciones de PAC durante esta campaña.
Esas son posiciones legítimas.
Pero no he encontrado un historial comparable de trabajo legislativo o de liderazgo organizacional en materia de reforma del financiamiento de campañas por parte de Doyle antes de convertirse en candidata.
Esa diferencia no convierte a una candidata en moralmente superior a la otra.
Simplemente plantea una pregunta sobre la diferencia entre hacer campaña defendiendo un principio y tener un historial de haber actuado conforme a ese principio.
Florida ya ha vivido este debate anteriormente.
Rick Scott dependió en gran medida de su fortuna personal durante sus campañas políticas. Uno de los argumentos a favor de ese autofinanciamiento era que lo hacía menos dependiente de donantes e intereses especiales.
Sus críticos respondían que reemplazar la influencia de los donantes por la riqueza personal no eliminaba el dinero de la política.
Simplemente cambiaba de dónde provenía ese dinero.
Ese argumento no debería perder repentinamente su validez simplemente porque el candidato que lo utiliza pertenece a otro partido político o a otra corriente ideológica.
Si los demócratas criticaron a republicanos adinerados por utilizar enormes fortunas personales para alcanzar el poder político, entonces también deberían estar dispuestos a examinar ese mismo modelo cuando aparece dentro de sus propias primarias.
De lo contrario, no estaríamos aplicando un principio.
Estaríamos aplicando una preferencia.
Y eso me lleva a lo que considero una cuestión aún más importante: la rendición de cuentas.
Una campaña financiada en gran medida mediante riqueza personal ciertamente disfruta de independencia frente a los PAC y los donantes.
Pero también puede depender menos de ganarse el respaldo de miles de contribuyentes individuales, una contribución a la vez.
Una campaña sostenida principalmente por donantes individuales establece una relación diferente con el electorado. Cada contribución —ya sea de $10, $25, $100 o más— representa una decisión voluntaria de otra persona de invertir en ese candidato.
Eso no significa que los donantes individuales sean perfectos. Tampoco significa que aceptar contribuciones individuales garantice un buen gobierno.
Pero sí plantea una pregunta democrática legítima.
¿Quién termina siendo más responsable ante el público: quien depende en gran medida de que miles de ciudadanos decidan apoyar su campaña económicamente, o quien puede continuar principalmente porque posee suficientes recursos personales para sostenerla?
No pretendo que exista una respuesta sencilla.
Pero sí creo que esa es una pregunta mucho más significativa que determinar si una campaña puede colocar las palabras «No acepto dinero de PAC» en un folleto electoral.
Y el mismo criterio debería aplicarse a todos.
Si AIPAC gasta grandes cantidades en una elección, examinémoslo.
Si lo hace una corporación, examinémosla.
Si lo hace un sindicato, examinémoslo.
Si lo hace un multimillonario, examinémoslo.
Si lo hace un Super PAC, examinémoslo.
Y si un candidato adinerado financia la mayor parte de su propia campaña, examinémoslo también.
El dinero político no se vuelve repentinamente democrático simplemente porque aprobemos a la persona que lo está gastando.
Quizás el verdadero problema no sea que tengamos demasiado «gran dinero» en la política.
Quizás el problema sea que nos hemos vuelto muy buenos condenando el gran dinero que no nos gusta mientras encontramos explicaciones nobles para el gran dinero que beneficia a nuestro propio bando.
Ahí es donde la consistencia importa.
Si la reforma del financiamiento de campañas es realmente un principio, no puede depender del nombre que aparezca en el cheque.
Y antes de que los votantes acepten la afirmación de cualquier candidato de que posee independencia financiera, quizás deberíamos hacernos una pregunta más fundamental:
¿Se mide la independencia política por necesitar a menos personas para financiar una campaña, o por lograr que más personas decidan voluntariamente respaldarla?
Tal vez esa sea la verdadera prueba de la independencia política.
