FORT MYERS, Florida — Tras dos meses de deliberaciones, una jueza federal emitió un fallo contundente en el caso de derechos civiles contra el centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, obligando a la instalación a garantizar un acceso más amplio y sin restricciones a la representación legal de los detenidos.
La jueza Sheri Polster Chappell ordenó que el centro, administrado por la División de Manejo de Emergencias de Florida, publique de manera oficial su política que permite a los abogados presentarse sin cita previa para reunirse con sus clientes, una norma que, según testimonios, existía desde noviembre pero no había sido difundida ni era conocida por la mayoría de los detenidos ni sus representantes legales.
El fallo responde a una demanda presentada el verano pasado por detenidos y sus abogados, quienes argumentaron que la falta de acceso efectivo violaba sus derechos bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Además, la magistrada dictaminó que el centro debe proporcionar a los detenidos acceso a llamadas legales “oportunas, gratuitas, confidenciales, no monitoreadas y no grabadas”. La orden incluye un requisito específico: al menos un teléfono operativo por cada 25 detenidos.
Hasta ahora, abogados de inmigración y familiares habían denunciado condiciones restrictivas, señalando que las llamadas salientes solo podían realizarse desde teléfonos vigilados ubicados en las áreas de descanso, donde decenas de hombres permanecían confinados. En muchos casos, afirmaron, las comunicaciones eran interrumpidas.
La jueza también dispuso que todas las políticas relacionadas con la comunicación entre abogado y cliente sean publicadas en inglés, español y criollo haitiano, con el fin de garantizar su comprensión por parte de la población detenida.
Pese a las nuevas exigencias, el fallo no ordena el cierre del centro. “Los demandados pueden continuar operando ‘Alligator Alcatraz’, y ICE puede continuar deportando inmigrantes indocumentados”, escribió Polster Chappell. “Pero deben hacerlo respetando los derechos constitucionales más básicos”.
La decisión marca un precedente significativo en el debate sobre las condiciones de detención migratoria en Estados Unidos, especialmente en instalaciones operadas bajo autoridades estatales pero vinculadas a procesos federales de inmigración.
