LAKELAND, Florida — El gobernador Ron DeSantis firmó este viernes la ley SB 484, una legislación que impone nuevas restricciones a los llamados “hyperscale data centers” o megacentros de datos, con el objetivo de proteger a los consumidores, los recursos naturales y la autonomía de los gobiernos locales frente al crecimiento acelerado de estas instalaciones tecnológicas en Florida.
Durante la firma del proyecto en Lakeland, DeSantis afirmó que la medida busca impedir que las grandes compañías tecnológicas trasladen sus costos operativos a los residentes del estado.
“Estas son protecciones necesarias para los contribuyentes y nuestros recursos naturales”, declaró el gobernador. “La SB 484 garantiza que los gobiernos locales mantengan la autoridad para rechazar desarrollos de centros de datos en sus comunidades, evita que los costos sean transferidos a los consumidores y protege los recursos hídricos de Florida”.
La nueva legislación establece que las empresas de servicios públicos no podrán cargar a clientes residenciales ni pequeños negocios los costos relacionados con el suministro eléctrico de estos centros tecnológicos de gran escala. Además, obliga a los grandes consumidores de energía a asumir completamente el costo real de los servicios que utilizan, evitando que el riesgo financiero recaiga sobre el público.
La ley también fortalece el poder de las comunidades locales al preservar su autoridad sobre zonificación, permisos y uso del suelo. Los municipios y condados podrán imponer requisitos más estrictos o incluso rechazar proyectos de centros de datos si consideran que afectan la calidad de vida o el medio ambiente.
Otro de los puntos clave de la SB 484 es el aumento de la transparencia en los acuerdos relacionados con el desarrollo de estas instalaciones. La normativa obliga a divulgar públicamente los convenios una vez expire el período de confidencialidad y crea definiciones legales más precisas para evitar vacíos regulatorios.
En materia de seguridad, la legislación prohíbe que empresas de servicios públicos suministren energía a centros de datos que sean propiedad o estén controlados por países considerados de preocupación para Estados Unidos.
La ley también introduce estándares ambientales e infraestructura más rigurosos. Entre ellos, la creación de un proceso especial de permisos para grandes centros de datos, la autorización del uso de agua reciclada en determinadas operaciones y la obligación de tratar modificaciones importantes como nuevas solicitudes regulatorias.
Con esta medida, Florida se suma a la creciente tendencia nacional de supervisar más estrictamente el impacto energético, ambiental y urbano de la expansión de la infraestructura digital impulsada por la inteligencia artificial y los servicios en la nube.
