Florida evalúa cerrar “Alligator Alcatraz” tras costos millonarios y presión ambiental

OCHOPEE, Florida — El futuro del polémico centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, quedó en entredicho luego de que funcionarios estatales iniciaran conversaciones con la administración del presidente Donald Trump sobre un posible cierre debido a sus elevados costos operativos.

Según un reporte publicado por The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) concluyó que la instalación resulta demasiado costosa de mantener. La administración del gobernador Ron DeSantis ha gastado más de un millón de dólares diarios para operar el centro, mientras Florida aún espera más de 600 millones de dólares en reembolsos federales.

Pese a ello, DHS negó haber presionado al estado para cerrar la instalación.

“Cualquier informe que afirme que DHS está presionando al estado para cesar las operaciones en Alligator Alcatraz es falso”, indicó la agencia en un comunicado enviado a medios de Florida. “Florida continúa siendo un socio valioso para avanzar la agenda migratoria del presidente Trump”.

Durante una conferencia de prensa en Lakeland, DeSantis defendió el proyecto y aseguró que la instalación cumplió un papel clave en el control migratorio.

“Desde que lanzamos este centro el verano pasado hasta ahora, ha sido responsable del procesamiento y deportación de casi 22,000 inmigrantes indocumentados desde el estado de Florida”, afirmó el gobernador.

El mandatario republicano sostuvo que, sin esa infraestructura, el gobierno federal no habría tenido capacidad para detener a las personas arrestadas por violaciones migratorias.

“Si no hubiéramos tenido esta instalación, DHS no habría tenido dónde colocarlos y habrían sido liberados nuevamente al público”, señaló DeSantis, quien insistió en que el centro “ha hecho a Florida más segura”.

El gobernador reiteró además que “Alligator Alcatraz” siempre fue concebido como una instalación temporal mientras el gobierno federal fortalecía su capacidad de detención y deportación.

“Si apagamos las luces mañana, podremos decir que cumplió su propósito”, expresó.

La instalación forma parte de la cooperación entre Florida y DHS bajo el programa federal 287(g), que permite a agencias policiales estatales y locales colaborar en tareas de control migratorio.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas y defensoras de los Everglades celebraron la posibilidad de un cierre definitivo y prometieron continuar su batalla legal en tribunales federales.

“Este oscuro capítulo en la historia de los Everglades no puede terminar lo suficientemente pronto”, declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades.

Por su parte, Elise Bennett, directora para Florida y el Caribe del Center for Biological Diversity, calificó el proyecto como “destructivo e inútil” y aseguró que ha causado daños a especies vulnerables y al ecosistema de Big Cypress y los Everglades.

Earthjustice y otros grupos ambientalistas sostienen que el centro fue construido violando leyes ambientales y exigen la restauración total de las áreas afectadas.

“El daño ambiental causado debe ser evaluado y remediado completamente”, afirmó el abogado Paul J. Schwiep, representante legal de varias organizaciones que demandaron la construcción del centro.

Mientras continúan las discusiones entre Florida y Washington, el destino de “Alligator Alcatraz” permanece incierto, en medio de un intenso debate político, económico y ambiental sobre la política migratoria en el estado.