Florida va tras Raúl Castro y anuncia orden de arresto por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate
A 30 años de la muerte de cuatro integrantes de la organización, la fiscalía estatal lo acusa de conspiración para cometer asesinato en primer grado.
MIAMI.— El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció que la Oficina de la Fiscalía Estatal y el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) obtuvieron una orden de arresto contra Raúl Modesto Castro Ruz por su presunta participación en una conspiración relacionada con el derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.
Según la información divulgada, la orden imputa al exgobernante cubano un cargo de conspiración para cometer asesinato en primer grado, clasificado como delito grave de primer grado bajo la legislación de Florida. El tribunal dispuso que no se concediera fianza.
En el ataque murieron Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., quienes viajaban en dos aeronaves desarmadas de la organización con sede en Miami.
Uthmeier sostuvo que las autoridades continuarán buscando responsabilidades por las cuatro muertes y señaló que, según la investigación, agentes de inteligencia cubanos infiltrados en la comunidad proporcionaron información que habría facilitado el ataque.
La declaración jurada citada por la fiscalía sostiene que Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y primer vicepresidente de Cuba, ocupaba una posición decisiva dentro de la cadena de mando que autorizó el derribo. Los investigadores le atribuyen instrucciones previas a altos mandos militares para atacar las aeronaves cuando aparecieran sobre el mar, sin necesidad de nuevas consultas.
De acuerdo con esa versión, integrantes de la denominada Red Avispa que operaban en los condados de Miami-Dade y Monroe infiltraron Hermanos al Rescate, transmitieron información sobre sus vuelos y apoyaron la llamada Operación Escorpión.
El 24 de febrero de 1996, tres avionetas Cessna desarmadas despegaron del aeropuerto de Opa-locka. Según el relato de la investigación, aviones militares MiG cubanos destruyeron dos de ellas con misiles aire-aire en espacio aéreo internacional.
La fiscalía sostiene que las aeronaves atacadas se alejaban de Cuba y no recibieron advertencias antes del derribo, pese a mantener contacto con el control de tránsito aéreo de La Habana.
Las autoridades fundamentan la intervención de Florida en que parte de la presunta conspiración, incluida la recopilación y transmisión de información sobre los vuelos, habría ocurrido en Miami-Dade y Monroe. La Oficina de la Fiscalía Estatal asumirá el proceso por tratarse, según la acusación, de una operación organizada que abarcó más de un circuito judicial.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones señaló que la acción estatal complementa una acusación federal previamente anunciada y expresó su respaldo a la utilización de las vías judiciales disponibles para exigir responsabilidades.
Por su parte, el agente especial a cargo del FDLE, Michael Stein, destacó que el tiempo transcurrido no disminuye el compromiso de investigar el caso. La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, también reconoció la perseverancia de las familias de las víctimas y de la comunidad cubanoestadounidense durante tres décadas.
Según la información facilitada, la orden fue firmada por la jueza principal del Undécimo Circuito Judicial, Ariana Fajardo Orshan. La investigación permanece abierta y las autoridades no descartan cargos adicionales.
El anuncio corresponde a una orden de arresto y no informa que Castro haya sido detenido. Las imputaciones constituyen acusaciones que deberán probarse ante un tribunal; no equivalen a una condena.
