Fiscal General de Florida prohíbe ejercer a enfermera tras polémicos comentarios sobre embarazo de portavoz de la Casa Blanca
La sanción contra una enfermera de Boca Ratón reaviva el debate sobre libertad de expresión, ética profesional y consecuencias legales en redes sociales
TALLAHASSEE, Fla. — El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este miércoles que una enfermera de Boca Ratón ya no podrá ejercer la profesión en el estado, luego de realizar comentarios considerados ofensivos y perturbadores sobre el embarazo de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Uthmeier informó a través de la red social X (antes Twitter) que, con efecto inmediato a partir del miércoles 28 de enero de 2026, Lexie Lawler queda inhabilitada para practicar enfermería en Florida. El anuncio se produce semanas después de que un video y los comentarios publicados por la profesional se viralizaran y provocaran una ola de indignación nacional.
Lawler trabajaba como enfermera de trabajo de parto y alumbramiento en el Baptist Health Boca Raton Regional Hospital, cuando publicó en redes sociales la frase: “Como enfermera de parto y alumbramiento, me da una gran alegría desearle a Karoline Leavitt un desgarro de cuarto grado”.
De acuerdo con la Clínica Mayo, un desgarro de cuarto grado es una de las lesiones más graves que puede sufrir una mujer durante el parto, lo que intensificó las críticas al considerar el comentario no solo ofensivo, también incompatible con la ética médica.
La controversia escaló rápidamente. El alcalde de Boca Ratón, Scott Singer, tomó conocimiento del video y se comunicó directamente con el hospital. Poco después, Baptist Health Boca Raton Regional Hospital despidió a Lawler, marcando el primer castigo formal tras el escándalo.
El caso ha generado un intenso debate en Florida y a nivel nacional sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales, la responsabilidad profesional de los trabajadores de la salud y el alcance de las sanciones estatales frente a conductas consideradas antitéticas.
Mientras tanto, la decisión del fiscal general envía un mensaje contundente: las publicaciones en redes sociales pueden tener consecuencias profesionales irreversibles, especialmente en profesiones vinculadas al cuidado y la salud pública.
