Exjefe de banco puertorriqueño recibe 62 meses por fraude de $23.6 millones
Juan Francisco Ramírez, ex presidente de la junta y copropietario de Nodus Bank, fue condenado por desviar millones de dólares para pagar hipotecas, tarjetas de crédito e inversiones personales. Ahora deberá entregar $13.6 MILLONES y pasar más de 5 años tras las rejas.
WASHINGTON — Juan Francisco Ramírez, de 60 años y residente en Miami, Florida, fue condenado a 62 meses de prisión federal por su participación en una conspiración para cometer fraude electrónico que provocó pérdidas de al menos $23.6 millones a Nodus International Bank, una entidad bancaria internacional con sede en Puerto Rico.
Además de la pena de prisión, Ramírez deberá cumplir tres años de libertad supervisada y entregar aproximadamente $13.6 millones en decomiso, equivalente al valor de los beneficios que obtuvo de la conspiración, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Ramírez se desempeñaba como presidente de la junta directiva y copropietario de Nodus Bank cuando, de acuerdo con los documentos judiciales, conspiró con otras personas para desviar fondos de la institución en beneficio propio y de un socio.
Publicidad
“Este acusado abusó de la confianza de los depositantes de su banco y, cuando el banco colapsó, personas inocentes perdieron sus ahorros”, declaró A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Las autoridades señalaron que Ramírez aprovechó su posición dentro de la institución para ocultar transacciones que beneficiaban directamente a él y a un conspirador.
Millones canalizados mediante préstamos e inversiones
Según los documentos presentados ante el tribunal, entre 2017 y 2023, Ramírez y sus asociados utilizaron más de $11 millones de fondos de Nodus Bank para realizar inversiones en una empresa crediticia con sede en Miami.
El dinero posteriormente fue utilizado para otorgar préstamos a Ramírez y a su cómplice para beneficio personal.
Las autoridades sostienen que los involucrados sabían que esas operaciones violaban las leyes de Puerto Rico y las políticas internas del banco relacionadas con transacciones con personas vinculadas a la institución.
Para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones, habrían presentado las transacciones como inversiones legítimas en la compañía financiera.
El esquema también incluyó la compra de al menos 47 pagarés, por un valor aproximado de $25,3 millones, entre enero de 2018 y septiembre de 2021.
Los documentos indicaban que los pagarés supuestamente financiaban préstamos destinados a individuos o empresas legítimas. Sin embargo, según los fiscales, los fondos terminaron siendo utilizados por Ramírez y su asociado para fines personales.
Entre esos usos figuraron inversiones personales en compañías, pagos de hipotecas y gastos de tarjetas de crédito.
El banco se encaminaba a la liquidación
El caso tomó un giro decisivo en marzo de 2023, cuando la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF) notificó a Nodus Bank su intención de colocar la institución bajo liquidación.
Más tarde ese mismo mes, el banco aceptó entrar voluntariamente en un proceso de liquidación.
Sin embargo, según los fiscales, el 28 de abril de 2023, cuando Ramírez sabía que la liquidación era inminente, él y su cómplice hicieron que Nodus Bank comprara, sin autorización de OCIF, una cartera de préstamos valorada en aproximadamente $26 millones a la compañía financiera que ambos poseían.
La mayoría de esos préstamos, según los documentos judiciales, estaban morosos, en incumplimiento o carecían de garantías suficientes.
La operación permitió que la compañía financiera redujera una deuda que mantenía con Nodus Bank derivada de los 47 pagarés adquiridos anteriormente.
Las autoridades determinaron que esta maniobra benefició directamente a la empresa financiera y, por extensión, a Ramírez y su asociado.
“Lo saqueó”
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, afirmó que Ramírez había recibido la responsabilidad de dirigir una institución bancaria, pero utilizó su posición para enriquecerse.
“Ramírez tenía la responsabilidad de dirigir un banco. En lugar de ello, lo saqueó”, afirmó Reding Quiñones.
El fiscal señaló que el exdirectivo desvió secretamente millones de dólares de fondos bancarios para beneficiar a él mismo y a sus asociados, provocando pérdidas cercanas a los $24 millones y contribuyendo al colapso de la institución.
“Esta sentencia envía un mensaje claro: quienes abusen de posiciones de confianza para enriquecerse tendrán que rendir cuentas”, agregó.
Se declaró culpable en 2025
Ramírez se declaró culpable en septiembre de 2025 de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
Su conducta, según los fiscales, ocasionó pérdidas de $23,613,371 a Nodus Bank.
La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), con apoyo de OCIF y de la Oficina Ejecutiva del Tesoro para el Decomiso de Activos.
Charles Miller, agente especial interino a cargo de IRS-CI en Florida, destacó que los delitos financieros pueden ser complejos, pero que las instituciones financieras tienen la obligación de operar de manera honesta y proteger los fondos de sus depositantes.
Caso vinculado a una fuerza federal contra organizaciones criminales
El Departamento de Justicia indicó que la investigación forma parte de la Homeland Security Task Force (HSTF), una iniciativa federal establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159, denominada Protecting the American People Against Invasion.
La fuerza reúne a distintas agencias federales para investigar y procesar organizaciones criminales transnacionales y otros delitos que afectan la seguridad de Estados Unidos.
En Miami, la HSTF incluye agentes de IRS Criminal Investigation, mientras que la acusación fue dirigida por la Bank Integrity Unit de la División Criminal del Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.
La Unidad de Integridad Bancaria investiga y procesa a instituciones financieras y a sus directivos, administradores y empleados cuando sus acciones amenazan la estabilidad de una institución o la integridad del sistema financiero estadounidense.
El Departamento de Justicia señaló que la misión de la División de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso es retirar las ganancias de las actividades criminales, combatir las estructuras financieras del crimen organizado y proteger el sistema financiero de Estados Unidos.



