EE.UU. impone duras sanciones migratorias a funcionarios chilenos por amenazar la seguridad regional

WASHINGTON, 20 de febrero de 2026 — El gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visa contra tres funcionarios del gobierno de Chile, a quienes acusa de haber participado en actividades que comprometieron la infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectaron la seguridad regional.

En un comunicado oficial emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las autoridades informaron que los funcionarios sancionados “dirigieron, autorizaron, financiaron o brindaron apoyo significativo” a acciones que habrían debilitado la estabilidad en el hemisferio.

Como consecuencia, los señalados y sus familiares inmediatos serán generalmente inelegibles para ingresar a territorio estadounidense, y cualquier visa previamente otorgada ha sido revocada.

El comunicado también incluye una crítica directa al gobierno saliente del presidente Gabriel Boric, señalando que, en su etapa final, su administración deja un “legado empañado” por acciones que, según Washington, socavan la seguridad regional “a expensas del pueblo chileno”.

La medida reafirma, según el texto oficial, el compromiso del presidente Donald Trump de proteger la prosperidad económica y la seguridad nacional de Estados Unidos y del hemisferio occidental.

En contraste, el comunicado expresa expectativas positivas hacia la próxima administración encabezada por José Antonio Kast, señalando que Washington espera avanzar en prioridades compartidas que fortalezcan la seguridad regional.

Las restricciones se aplican conforme a la Sección 212(a)(3)(C) y la Sección 221(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, disposiciones que permiten negar o revocar visas a personas cuya presencia pueda tener consecuencias adversas para la política exterior o la seguridad nacional del país.

El Departamento de Estado aseguró que continuará utilizando “todas las herramientas disponibles” para promover la seguridad y estabilidad en la región, en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas en América Latina.

Hasta el momento, el gobierno chileno no ha emitido una respuesta oficial sobre las acusaciones ni sobre la identidad de los funcionarios afectados.