Investigación por presunto “doble cobro” en la Policía de West Palm Beach entra en su fase decisiva tras casi dos años
Tres capitanes permanecen bajo escrutinio después de 19 meses con licencia administrativa pagada; el caso ya ha costado más de un millón de dólares a los contribuyentes y provocó cambios en la cúpula policial.
WEST PALM BEACH, Florida.— La prolongada investigación sobre presuntas irregularidades en el registro de horas laborales de altos mandos de la Policía de West Palm Beach ha entrado en lo que podría ser su etapa final, casi dos años después de que surgieran las acusaciones de que varios oficiales realizaban trabajos externos mientras supuestamente estaban en servicio para la ciudad.
Tres capitanes de policía, que han permanecido durante 19 meses en licencia administrativa remunerada, comenzaron a ser interrogados por investigadores luego de que una impugnación legal presentada por el sindicato policial fuera retirada de manera voluntaria, despejando el camino para que continúe la pesquisa administrativa.
Las acusaciones sostienen que los oficiales habrían trabajado en empleos privados fuera de servicio mientras figuraban simultáneamente como activos en sus funciones municipales. Sin embargo, los implicados han rechazado de manera consistente cualquier conducta indebida.
“El señalamiento es que estos capitanes trabajaron en empleos externos mientras estaban en horario de la ciudad, lo cual es erróneo. No es correcto y podemos demostrarlo”, afirmó Paul Daragjati, abogado de la Fraternal Order of Police.
La investigación ha transitado por múltiples etapas, incluyendo revisiones penales, procedimientos de asuntos internos, auditorías externas, demandas judiciales y recursos sindicales. El año pasado, la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach llevó a cabo una investigación criminal sobre las acusaciones, pero los fiscales determinaron que no existían fundamentos suficientes para presentar cargos.
La defensa sostiene que la ciudad conocía desde hacía años deficiencias en los sistemas de control horario del departamento, fallas que podían generar la apariencia de horas superpuestas. Un auditor independiente había advertido previamente a las autoridades municipales sobre vulnerabilidades en el sistema y la necesidad de implementar mayores mecanismos de supervisión.
La demanda presentada por el sindicato argumentaba que los funcionarios municipales tardaron demasiado tiempo en investigar denuncias sobre las que ya tenían conocimiento a través de auditorías e informes previos. Ese litigio logró paralizar durante meses aspectos clave de la investigación interna.
No obstante, tras un año de disputas judiciales, el sindicato decidió retirar el caso. Según Daragjati, los capitanes consideraron que ya contaban con suficiente documentación para enfrentar las entrevistas y avanzar en el proceso.
De los cuatro capitanes originalmente colocados en licencia administrativa, uno ya se retiró del servicio. Los tres restantes están siendo entrevistados por investigadores de la Oficina del Sheriff, encargados ahora de completar la investigación administrativa.
El caso también ha tenido consecuencias significativas dentro de la estructura de mando del departamento. La exjefa adjunta Tameca West y el exmayor Michael Deighan regresaron recientemente a sus funciones tras varios meses de suspensión, pero ambos fueron degradados al rango de capitán. Además, deberán responder a entrevistas relacionadas con acusaciones similares.
Una vez concluida la investigación, los hallazgos serán entregados al jefe de policía Tony Araujo, quien tendrá la responsabilidad de determinar si los oficiales regresan plenamente a sus puestos, enfrentan medidas disciplinarias o son exonerados.
La pesquisa se inició durante los últimos días de la administración del entonces jefe de policía Frank Adderley, quien fue destituido poco antes de que salieran a la luz los detalles de la investigación sobre los altos mandos policiales.
De acuerdo con la representación sindical, las entrevistas y el trabajo investigativo podrían concluir antes de finalizar este mes.
Mientras tanto, los tres capitanes continúan en licencia administrativa pagada, una situación que, según estimaciones, ha representado para los contribuyentes un costo superior al millón de dólares en salarios y beneficios durante los últimos 19 meses.
