Farmacéutica declarada culpable por distribuir más de 326,000 píldoras de oxicodona sin necesidad médica en el sur de Florida
La propietaria de dos farmacias en Margate y Pembroke Pines fue hallada culpable de vender oxicodona de alta potencia a personas sin necesidad médica, cobrando hasta diez veces su precio y abasteciendo incluso a presuntos traficantes de drogas.
MIAMI. Un jurado federal del Distrito Sur de Florida declaró culpable a la farmacéutica y propietaria de farmacias Olushola Yusuf, de 60 años y residente de Tampa, por su participación en una red de distribución ilegal de potentes analgésicos opioides que puso en circulación más de 326.000 tabletas de oxicodona de 30 miligramos, una de las dosis más fuertes disponibles, a personas que no tenían ninguna necesidad médica legítima.
De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, Yusuf convirtió sus farmacias en un lucrativo negocio basado en la venta de opioides. La acusada cobraba aproximadamente diez veces el precio habitual del medicamento y exigía que los pagos se realizaran exclusivamente en efectivo.
Las autoridades federales indicaron que, durante la conspiración, Yusuf distribuyó al menos 326,079 píldoras de oxicodona de 30 mg, un medicamento reservado normalmente para pacientes con enfermedades graves, como cáncer avanzado o lesiones traumáticas severas, debido a su alta potencia y elevado riesgo de adicción.
La investigación reveló que Yusuf era propietaria de Boots LLC, conocida como Striderite Pharmacy, en Margate, y de Chans Pharmacy Plus, en Pembroke Pines.
Según los testimonios presentados en el juicio, personas viajaban largas distancias para surtir recetas que ninguna otra farmacia aceptaba. Algunos clientes pagaban hasta 1,300 dólares mensuales en efectivo, mientras que traficantes de drogas retiraban grandes cantidades de oxicodona supuestamente en representación de decenas de pacientes que nunca se presentaban en la farmacia.
Los fiscales también demostraron que Yusuf mantenía las puertas de sus establecimientos cerradas durante el horario laboral y solo permitía el ingreso de clientes previamente identificados. A pesar de múltiples advertencias de sus propios empleados y de la Administración para el Control de Drogas (DEA), continuó operando bajo ese esquema.
«Construyó su negocio alrededor de las señales de alerta»
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, afirmó que la acusada no solo ignoró las señales de advertencia, sino que edificó su modelo de negocio sobre ellas.
«Yusuf inundó deliberadamente las comunidades del sur de Florida con cientos de miles de píldoras de oxicodona de alta potencia, atendiendo a traficantes y clientes que recorrían largas distancias, priorizando las ganancias por encima de la seguridad pública y de sus responsabilidades profesionales», señaló.
Por su parte, el fiscal general adjunto de la División Nacional de Fraude del Departamento de Justicia, Colin M. McDonald, sostuvo que el veredicto envía un mensaje contundente.
«No importa si alguien vende drogas en una esquina o detrás del mostrador de una farmacia. Quienes distribuyan opioides ilegalmente serán llevados ante la justicia.»
Funcionarios del FBI, la DEA y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos coincidieron en que el caso representa una grave traición a la confianza pública depositada en los profesionales de la salud.
Las agencias señalaron que la distribución indiscriminada de opioides alimentó la crisis de adicción que continúa afectando a miles de familias estadounidenses.
El jurado declaró culpable a Yusuf por conspiración para distribuir drogas ilegalmente y por cinco cargos adicionales de distribución ilegal de sustancias controladas.
Su coacusado, Saman Gimenez, se declaró previamente culpable del cargo de conspiración y será sentenciado en octubre.
Yusuf enfrenta hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos. La audiencia de sentencia fue programada para el 14 de octubre, cuando un juez federal determinará la condena definitiva conforme a las guías federales de sentencia.
La investigación estuvo a cargo de la DEA, el FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG). El caso forma parte de la estrategia del Departamento de Justicia para combatir el fraude en el sistema de salud y la distribución ilegal de medicamentos controlados en Estados Unidos.
