Florida demanda a OpenAI y a Sam Altman por presuntas fallas de seguridad en ChatGPT
El estado acusa a la empresa de priorizar las ganancias sobre la protección pública y de permitir el acceso de menores sin controles parentales adecuados

WEST PALM BEACH, Florida.— El estado de Florida presentó este lunes una demanda civil contra OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, y contra su director ejecutivo, Sam Altman, en una acción legal que, según las autoridades estatales, busca responsabilizar a la empresa por supuestas fallas en la protección de usuarios y por el uso indebido de inteligencia artificial en casos criminales ocurridos en el estado.
Durante una conferencia de prensa en West Palm Beach, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, afirmó que Florida se convirtió en el primer estado del país en emprender una demanda de este tipo contra OpenAI. El funcionario acusó a la empresa de haber “elegido las ganancias por encima de la seguridad pública”.
Uthmeier citó dos investigaciones criminales incluidas en la demanda. Una de ellas está relacionada con el tiroteo ocurrido en 2025 en la Universidad Estatal de Florida (FSU), donde las autoridades alegan que el presunto atacante, identificado como Phoenix Ikner, utilizó ChatGPT para realizar consultas sobre armas, municiones, horarios y lugares donde podría encontrar grandes concentraciones de personas en el campus poco antes del ataque.
Además, la viuda de una de las víctimas mortales de ese tiroteo también mantiene una demanda contra OpenAI, argumentando que la plataforma habría contribuido a la planificación del crimen.
El segundo caso mencionado involucra a Hisham Abugharbieh, sospechoso del asesinato de dos estudiantes de la Universidad del Sur de Florida (USF). Según las acusaciones, el individuo habría consultado a ChatGPT sobre métodos para deshacerse de cuerpos y sobre la posibilidad de alterar el número de identificación vehicular (VIN) de su automóvil.
“¿Cómo pueden ver a alguien planeando un asesinato durante horas, días e incluso semanas y no intervenir para corregirlo?”, cuestionó Uthmeier durante su comparecencia.
El fiscal general también centró parte de sus críticas en el acceso de menores de edad a herramientas de inteligencia artificial. Según indicó, los controles parentales no son obligatorios para utilizar ChatGPT y afirmó que la plataforma ofrece opciones que limitan la supervisión de los padres sobre las conversaciones de sus hijos.
La demanda sostiene que decenas de miles de usuarios menores de 13 años utilizan ChatGPT en Florida y acusa a OpenAI de recopilar datos de niños sin el consentimiento de sus padres, lo que, según el estado, constituiría una violación de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA, por sus siglas en inglés).
En respuesta a las acusaciones, OpenAI emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a las familias afectadas por hechos violentos y defendió las medidas de seguridad implementadas para proteger a los menores.
“Perder a un hijo es la tragedia más devastadora que puede sufrir una familia y sabemos que ninguna palabra puede aliviar ese dolor”, señaló la empresa. OpenAI agregó que ha desarrollado protecciones específicas para usuarios menores de edad, incluyendo experiencias más restrictivas para jóvenes, herramientas de estimación de edad y opciones para que los padres supervisen el uso de inteligencia artificial por parte de sus hijos.
La compañía sostuvo que continúa trabajando para fortalecer la seguridad de sus productos, aunque reconoció que esas medidas no pueden revertir las consecuencias de tragedias como las mencionadas en la demanda.
El caso podría convertirse en una prueba legal significativa para la industria de la inteligencia artificial, en un momento en que crecen los debates sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas frente al uso indebido de sus herramientas.



