ORLANDO, Fla.— Un recluso en Florida fue sentenciado a cadena perpetua tras comprobarse que operaba una organización de narcotráfico desde el interior de una prisión estatal, utilizando teléfonos celulares de contrabando para coordinar la distribución de drogas altamente peligrosas.
Omar Idonis Graciani Rodríguez, de 32 años y residente de Orlando, recibió la máxima condena por parte de la jueza federal Anne-Leigh Gaylord Moe, del Distrito Medio de Florida, tras declararse culpable el 19 de diciembre de 2025 de conspirar para distribuir al menos 400 gramos de fentanilo y más de 500 gramos de metanfetamina.
Según documentos judiciales, Graciani Rodríguez dirigía toda la operación desde su celda, dando instrucciones a cómplices en libertad para recoger dinero y sustancias controladas en distintas direcciones, y luego redistribuirlas a otros individuos. El recluso también exigía mantener registros detallados de las transacciones, enviándole fotografías de los libros contables y del dinero.
La investigación reveló que entre el 28 de julio y el 30 de noviembre de 2023, el condenado supervisó múltiples operaciones mediante llamadas, mensajes de texto e imágenes. En uno de los casos más alarmantes, coordinó en tiempo real la entrega de un kilogramo de fentanilo mientras permanecía en prisión, siguiendo la transacción a través de un celular ilegal.
Durante una requisa en junio de 2024, oficiales correccionales descubrieron dos teléfonos ocultos en su celda, además de una tarjeta SIM que el recluso intentó destruir al ingerirla tras recibir la orden de entregarla. También se encontró un registro detallado de sus actividades ilícitas.
En total, la organización distribuyó grandes cantidades de drogas y generó ganancias por al menos 211,903 dólares.
Dos de sus co-conspiradoras, Rachel Beth Cordero y Mayerline Patricia Salcedo, también se declararon culpables. Cordero fue sentenciada a seis años y seis meses de prisión, mientras que Salcedo recibió una condena de 12 años, en audiencias celebradas en marzo de 2025.
El caso fue investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA), con apoyo del Departamento de Correcciones de Florida, y procesado por la fiscal federal adjunta Stephanie A. McNeff.
Las autoridades indicaron que esta condena forma parte de la operación nacional “Take Back America”, una iniciativa del Departamento de Justicia que busca desmantelar organizaciones criminales, combatir el narcotráfico y reforzar la seguridad en las comunidades de todo el país.
