MIAMI — El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que ADT LLC, conocida comercialmente como ADT Security Services y considerada la mayor empresa de seguridad residencial del país, pagará más de 1,3 millones de dólares para resolver acusaciones de haber violado la Servicemembers Civil Relief Act (SCRA), al imponer cargos ilegales a al menos 3.400 miembros de las Fuerzas Armadas.
Según las autoridades, la empresa exigía un aviso previo de 30 días a los militares que decidían cancelar sus contratos de seguridad residencial tras recibir órdenes de reubicación. Sin embargo, la SCRA establece que los miembros del servicio pueden terminar ciertos contratos sin penalización adicional más allá del período de facturación en curso cuando reciben órdenes de traslado a lugares donde el servicio no está disponible.
“Los miembros de nuestras Fuerzas Armadas responden al llamado de la nación, a menudo con muy poco aviso”, señaló Harmeet K. Dhillon, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles. “Estamos comprometidos a garantizar que sus derechos sean protegidos para que puedan concentrarse en su misión”.
Por su parte, el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, subrayó que este tipo de prácticas son inaceptables: “Los militares no deberían tener que luchar contra empresas en casa mientras sirven al país en el extranjero. La ley es clara y este acuerdo asegura que esas protecciones no son opcionales”.
El acuerdo contempla hasta 1,260,000 dólares en compensaciones para los afectados, además de una multa civil de 79,380 dólares —la máxima permitida para una primera infracción bajo la SCRA—. Asimismo, ADT deberá implementar cambios en sus políticas internas y programas de capacitación para evitar futuras violaciones.
El Departamento de Justicia, a través de su División de Derechos Civiles y en coordinación con fiscalías federales en todo el país, ha recuperado más de 488 millones de dólares para unos 152,000 miembros del servicio desde 2011 mediante la aplicación de esta ley.
Las autoridades instaron a los militares y sus familias que consideren que sus derechos han sido vulnerados a contactar con las oficinas del Programa de Asistencia Legal de las Fuerzas Armadas para recibir orientación.
Este caso refuerza el compromiso del gobierno federal de proteger a quienes sirven al país, asegurando que no enfrenten cargas injustas mientras cumplen con su deber.
