Tallahassee, Fl — El Departamento de Educación de Florida presentó una propuesta de norma administrativa que, de ser aprobada, impediría a los inmigrantes indocumentados matricularse en los 28 colegios estatales del sistema público, una medida que marca un nuevo giro restrictivo en el acceso a la educación superior en el estado.
La regulación obligaría a las juntas directivas del Florida College System a verificar que todos los estudiantes admitidos sean ciudadanos estadounidenses o cuenten con presencia legal en el país. Para ello, los aspirantes deberán presentar documentación considerada “clara, convincente, creíble y precisa” antes de formalizar su admisión.
La propuesta será sometida a audiencia pública el próximo 14 de mayo en las instalaciones de Miami Dade College, donde se espera la participación de estudiantes, educadores y defensores de derechos civiles.
A diferencia de otras iniciativas previas, la medida no impactaría a las 12 universidades estatales, sino exclusivamente al sistema de colegios públicos, considerado la principal vía de acceso a la educación superior para miles de estudiantes de bajos ingresos en Florida.
El texto establece que las instituciones deberán garantizar que todos los estudiantes admitidos tengan ciudadanía estadounidense o estatus migratorio legal. Asimismo, incluye una cláusula que otorga a los colegios la facultad de rechazar solicitudes por antecedentes de mala conducta, cuando lo consideren necesario para proteger sus intereses institucionales.La propuesta surge tras varios intentos de legisladores republicanos por limitar la presencia de estudiantes no ciudadanos en la educación superior pública. Entre ellos, el proyecto HB 1279 planteó un tope del 5% para estudiantes no residentes en universidades estatales, aunque esa disposición fue eliminada antes de su aprobación final.
Otras iniciativas, como el SB 1052, buscaban prohibir la admisión de cualquier persona sin ciudadanía o residencia legal, mientras que el HB 721 proponía establecer cuotas máximas para estudiantes extranjeros.
Ninguna de estas propuestas logró avanzar completamente en el proceso legislativo.La norma se suma a una serie de decisiones recientes del estado en materia migratoria. En febrero de 2025, Florida eliminó las tarifas de matrícula reducida para unos 6.500 estudiantes inmigrantes que habían llegado al país siendo menores, revirtiendo una política vigente durante una década.
Además, bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, los 67 condados del estado fueron obligados a suscribir acuerdos de համագործación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fortaleciendo la colaboración local con autoridades federales.
El Florida Policy Institute advirtió que restringir el acceso de inmigrantes a la educación superior podría tener consecuencias negativas tanto para las instituciones como para la economía estatal.
Según el centro de estudios, limitar el acceso reducirá los ingresos de los colegios, disminuirá el número de graduados y afectará la disponibilidad de talento en el mercado laboral. Asimismo, subrayó que los estudiantes internacionales han contribuido históricamente al cumplimiento de metas educativas como la iniciativa SAIL to 60, orientada a aumentar la proporción de trabajadores calificados en Florida.
La propuesta abre un nuevo frente de debate sobre el equilibrio entre políticas migratorias y acceso a la educación, en un estado donde ambas agendas continúan entrelazándose de forma cada vez más estrecha.
