Florida bajo polémica: fiscal general se niega a aplicar cláusula constitucional sobre fondos religiosos
Organización nacional advierte de un “abuso de poder sin precedentes” y exige la renuncia del funcionario
La Freedom From Religion Foundation (FFRF) ha encendido las alarmas tras un controvertido memorando emitido el pasado 2 de abril por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, en el que declara que su oficina no hará cumplir una disposición clave de la Constitución estatal que prohíbe el uso de fondos públicos para apoyar instituciones religiosas.
El documento se refiere al Artículo I, Sección 3, de la Constitución de Florida, que establece de forma explícita que ningún dinero público “deberá ser tomado del tesoro, directa o indirectamente, en ayuda de ninguna iglesia, secta o denominación religiosa”. Sin embargo, Uthmeier sostiene que no aplicará esta cláusula, lo que ha provocado una fuerte reacción de grupos defensores de la separación entre Iglesia y Estado.
La FFRF envió una carta formal exigiendo que el fiscal general revierta su postura y cumpla con su deber constitucional. La copresidenta de la organización, Annie Laurie Gaylor, calificó la decisión como “legalmente infundada” y una “grave dejación de funciones”.
“Uthmeier no puede elegir qué partes de la Constitución aplicar”, afirmó Gaylor, advirtiendo que esta medida representa un ataque directo al estado de derecho y a la libertad religiosa.
Por su parte, el asesor legal de la organización, Chris Line, subrayó que Florida “no es un estado cristiano” y que el gobierno no puede favorecer una religión sobre otras. Según Line, las acciones del fiscal general evidencian una intención de promover una visión religiosa específica desde el poder público.
La FFRF también cuestionó la interpretación del fiscal sobre la Primera Enmienda, señalando que sus argumentos —que sugieren que el gobierno puede “fomentar” el cristianismo— son históricamente inexactos y constitucionalmente erróneos.
Además, la organización advirtió que el memorando distorsiona recientes fallos del Tribunal Supremo, como Espinoza v. Montana Department of Revenue y Carson v. Makin, aclarando que dichas decisiones no obligan a los estados a financiar la educación religiosa ni a eliminar las barreras constitucionales que separan Iglesia y Estado.
Otro punto crítico es la posibilidad de redirigir fondos públicos hacia escuelas charter religiosas. “Las escuelas públicas no son programas privados de subvenciones; son entidades gubernamentales y deben mantenerse seculares”, enfatizó Gaylor.
La FFRF sostiene que la cláusula de “no ayuda” refleja la voluntad de los ciudadanos de Florida de evitar que el dinero de los contribuyentes financie actividades religiosas. En su misiva, la organización remarcó que todos los residentes, creyentes o no, merecen un gobierno que respete tanto la libertad religiosa como los límites constitucionales.
Ante la gravedad del caso, la FFRF ha pedido abiertamente la renuncia de Uthmeier si no está dispuesto a cumplir con sus obligaciones legales.
La Freedom From Religion Foundation, con más de 41,000 miembros a nivel nacional y presencia activa en Florida, reiteró su compromiso de defender la separación entre Iglesia y Estado y de educar al público sobre la importancia de mantener el carácter laico de las instituciones públicas.
