TAMPA, Florida — Un esquema de tráfico internacional de armas que conectó a Florida con múltiples escenas del crimen en Canadá ha culminado con una condena federal. Erhan John Er, de 35 años y residente en Sarasota, fue sentenciado a cuatro años y tres meses de prisión por su participación en una conspiración para adquirir y contrabandear armas de fuego hacia territorio canadiense.
La sentencia fue dictada por la jueza federal Mary S. Scriven, del Distrito Medio de Florida, luego de que el acusado se declarara culpable el 19 de diciembre de 2024.
De acuerdo con documentos judiciales, entre febrero y septiembre de 2022, Er —quien trabajaba como conductor de camiones de carga transfronteriza— compró un total de 28 armas de fuego en establecimientos de Sarasota y Naples. Posteriormente, las trasladó ilegalmente a Canadá para venderlas a un cómplice, recibiendo a cambio el reembolso de gastos y un pago de 1.000 dólares canadienses por cada arma.
Las autoridades canadienses han recuperado hasta ahora 10 de esas armas en escenas del crimen en las provincias de Ontario y Quebec. Todas presentaban los números de serie borrados, aunque los investigadores lograron restaurarlos y rastrear su origen hasta las compras realizadas por Er en Florida.
“Er engañó a los vendedores de armas al afirmar que eran para uso personal, cuando en realidad las traficaba hacia Canadá, donde fueron utilizadas en múltiples delitos”, señaló el fiscal federal Gregory W. Kehoe. “Gracias a la cooperación entre agencias locales, federales e internacionales, este esquema fue desmantelado y el responsable enfrenta la justicia”.
Por su parte, el superintendente jefe Mike Stoddart, de la Policía Provincial de Ontario, destacó la importancia de la colaboración internacional: “Este caso demuestra la efectividad de las alianzas transfronterizas para proteger a nuestras comunidades y frenar el flujo ilegal de armas”.
La investigación involucró a múltiples agencias de Estados Unidos y Canadá, incluyendo la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI), así como diversas fuerzas policiales canadienses. El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto Adam W. McCall.
El caso pone de relieve el alcance y la peligrosidad del tráfico ilegal de armas, así como la creciente preocupación por su impacto en la seguridad pública a nivel internacional.
