Tras una audiencia pública de más de siete horas —la primera de este tipo en casi 15 años— el panel bipartidista, integrado por cuatro demócratas y cuatro republicanos, concluyó que existen pruebas suficientes para recomendar sanciones en las próximas semanas, lo que podría abrir la puerta a un histórico voto de expulsión.
Las acusaciones giran en torno a la supuesta recepción indebida de aproximadamente 5 millones de dólares en fondos de ayuda por desastres que fueron pagados en exceso a la empresa de salud de su familia por servicios relacionados con la pandemia. Según investigadores del Congreso, parte de ese dinero habría sido canalizado a través de familiares y empresas vinculadas para financiar su campaña electoral de 2022, pese a haberla presentado como autofinanciada.
La legisladora, quien busca un cuarto mandato representando un distrito del sureste de Florida, ha negado todas las acusaciones. Durante la audiencia, optó por no testificar invocando la Quinta Enmienda para evitar autoincriminarse. Su abogado, William Barzee, criticó duramente el proceso y aseguró que el comité no permitió una defensa completa con testigos y pruebas.
“El intento es sacar del Congreso a una mujer elegida democráticamente basándose principalmente en registros bancarios”, afirmó Barzee, quien insistió en que su clienta tenía derecho legítimo a los fondos provenientes del negocio familiar.
Sin embargo, el informe de 242 páginas elaborado por los investigadores del comité detalla 27 posibles infracciones, incluyendo la supuesta manipulación del origen de los fondos de campaña. Los legisladores del panel expresaron escepticismo ante la defensa presentada.
Paralelamente, Cherfilus-McCormick enfrenta cargos federales por presuntamente apropiarse de esos fondos de ayuda por COVID-19 y utilizarlos para gastos personales, como la compra de un anillo de diamante amarillo de tres quilates. En el caso también han sido acusados su hermano, su exjefe de gabinete y su contador. La congresista se ha declarado no culpable y se espera que el juicio comience en los próximos meses.
El caso amenaza con convertirse en un factor de división dentro del Partido Demócrata en un momento clave, mientras la colectividad intenta recuperar terreno de cara a las elecciones legislativas de noviembre.
De confirmarse las sanciones más severas, el Congreso podría enfrentarse a una rara y contundente decisión: expulsar a una de sus propias miembros en medio de acusaciones de corrupción y abuso de fondos públicos.
