WASHINGTON — El Comité de Ética de la Cámara de Representantes abrió este jueves una inusual audiencia pública contra la congresista demócrata Sheila Cherfilus-McCormick, en un caso que expone graves acusaciones sobre el financiamiento de su carrera política y el presunto uso indebido de fondos federales.
La legisladora, que cumple su segundo mandato representando un distrito fuertemente demócrata del sureste de Florida, enfrenta múltiples cargos éticos, entre ellos violaciones a las leyes de financiamiento de campañas, mezcla indebida de fondos personales, empresariales y políticos, así como el uso de su cargo para beneficiar a aliados.
Además, enfrenta cargos federales por el presunto desvío de 5 millones de dólares en fondos de ayuda por COVID-19, acusaciones que ella ha rechazado categóricamente, calificándolas como “infundadas e injustas”.
Tras más de dos años de pesquisas, los investigadores del Comité aseguran haber encontrado “evidencia sustancial” de 27 posibles violaciones éticas. El informe, de 242 páginas, sostiene que la campaña con la que Cherfilus-McCormick ganó una elección especial en 2022, presentada como autofinanciada, en realidad habría sido impulsada por un sobrepago federal vinculado a servicios de vacunación contra el COVID-19 prestados por una empresa de su familia.
Según el documento, parte de esos fondos también habría sido canalizada hacia su reelección mediante organizaciones externas dirigidas por allegados, incluyendo entidades con financiamiento proveniente del gobierno de Haití.
Las audiencias públicas del Comité de Ética son extremadamente raras. La última vez que un legislador en funciones enfrentó un proceso similar fue en 2010, durante el caso del excongresista Charles Rangel.
El proceso actual, que se espera dure unas dos horas, permitirá a los investigadores exponer sus hallazgos y recomendar posibles sanciones. Posteriormente, el comité completo podría decidir las medidas disciplinarias.
El abogado de la congresista, William R. Barzee, ha solicitado sin éxito que la audiencia se posponga o se realice de forma privada, argumentando que su clienta debe guardar silencio para proteger su derecho constitucional ante el juicio penal en curso.
El caso también tiene implicaciones políticas de alto nivel. Legisladores republicanos han amenazado con impulsar una votación para expulsarla del Congreso, lo que requeriría una mayoría de dos tercios.
La última expulsión ocurrió en 2023 con el republicano George Santos, tras un contundente informe del mismo comité.
Hasta ahora, los líderes demócratas han evitado condenar a Cherfilus-McCormick.
Mientras se acercan las elecciones de noviembre, ambos partidos buscan posicionarse como defensores de la transparencia. El desenlace de esta audiencia podría no solo definir el futuro político de la congresista, sino también influir en el equilibrio de poder en el Congreso.
Cherfilus-McCormick se ha declarado no culpable y ha asegurado que no tiene intención de renunciar, aunque ya dejó su cargo de liderazgo en un subcomité de Asuntos Exteriores conforme a las reglas internas de su bancada.
