Uruguayo admite conspiración para evadir sanciones de EE.UU. con fondos vinculados a Venezuela
Usó empresas no autorizadas, facturas falsas y lenguaje codificado para mover casi $100,000 hacia una cuenta en Florida

MIAMI. — Un ciudadano uruguayo se declaró culpable de participar en un esquema para evadir sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, mediante la transferencia encubierta de cerca de 100,000 dólares desde República Dominicana hacia una cuenta bancaria en el sur de Florida.
Según documentos judiciales, Irazmar Carbajal De Jesus, de 60 años, admitió haber conspirado para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia con el objetivo de mover aproximadamente $99,500 en efectivo. El dinero fue entregado en República Dominicana y posteriormente transferido a una cuenta en Fort Lauderdale.
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Las autoridades federales indicaron que el acusado y su socio sabían que los fondos estaban vinculados a una persona sancionada del gobierno venezolano, que buscaba introducir el dinero en el sistema financiero estadounidense.
Para ocultar el origen ilícito de los fondos, los implicados utilizaron lenguaje codificado —refiriéndose al dinero como “un niño que necesita ser llevado a la escuela”— además de facturas falsas y múltiples transacciones a través de diferentes cuentas bancarias. A cambio del servicio, cobraban una comisión del 20%.
“El acusado acordó mover dinero ligado a un funcionario venezolano sancionado utilizando mecanismos diseñados para ocultar la operación real”, afirmó el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones para el Distrito Sur de Florida. “Las sanciones son una herramienta clave de seguridad nacional, y quienes intenten evadirlas serán identificados y procesados”.
Carbajal De Jesus enfrenta ahora una pena máxima de hasta cinco años de prisión. Su sentencia está programada para el próximo 12 de junio, y será determinada por un juez federal tras evaluar las directrices de sentencia y otros factores legales.
El caso fue investigado por la Unidad de Corrupción Internacional del FBI en Miami, y es procesado por fiscales federales junto con la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso del Departamento de Justicia, cuya misión es desmantelar redes financieras ilícitas y proteger la integridad del sistema bancario estadounidense.



