Estados Unidos amplía sanciones contra el régimen cubano y apunta a empresas clave de GAESA y al sector minero

WASHINGTON, D.C. — El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una nueva ronda de sanciones contra entidades y personas vinculadas al régimen cubano, intensificando la presión económica sobre sectores estratégicos de la isla, incluidos los servicios financieros, la logística portuaria, la minería y la industria siderúrgica.

La medida, adoptada bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, busca limitar las fuentes de ingresos del gobierno cubano y restringir la capacidad de las empresas estatales para operar dentro y fuera del país.

Entre las entidades sancionadas figuran tres compañías asociadas al conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), considerado por Washington como uno de los principales instrumentos económicos del régimen cubano.

Una de ellas es Almacenes Universales S.A. (AUSA), empresa dedicada a servicios logísticos, almacenamiento y transporte de mercancías. Según el Departamento de Estado, AUSA controla el tráfico de contenedores en la Zona Especial de Desarrollo del Puerto de Mariel, uno de los principales centros comerciales y de inversión de Cuba.

También fueron sancionadas RAFIN S.A., identificada como una pieza clave en la gestión financiera de GAESA, y el Banco Financiero Internacional (BFI), institución bancaria que maneja gran parte de las transacciones con entidades extranjeras que realizan operaciones comerciales con Cuba.

Además, Estados Unidos amplió las restricciones al sector de metales y minería cubano. Entre las empresas afectadas se encuentra GEOMINERA S.A., una empresa estatal adscrita al Ministerio de Energía y Minas que administra recursos minerales no relacionados con el níquel y que mantiene proyectos con inversionistas extranjeros, incluyendo la firma australiana Antilles Gold.

La lista también incorpora a la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero, considerada la mayor productora de acero de Cuba y que recientemente participó en proyectos de modernización con entidades rusas.

Como parte de las sanciones, el Departamento del Tesoro también designó a Annalie Lilliam Rueda Cardero, identificada como familiar directa de Alejandro Castro Espín, exjefe de los servicios de inteligencia cubanos e hijo del exmandatario Raúl Castro.

Las autoridades estadounidenses señalaron que todas las propiedades e intereses de las personas y entidades sancionadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados de inmediato. Asimismo, se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con los individuos y compañías incluidos en la lista.

Washington advirtió además que instituciones financieras extranjeras y empresas de terceros países que mantengan negocios con los sancionados podrían exponerse a medidas restrictivas adicionales.

El Departamento de Estado afirmó que estas acciones forman parte de una estrategia para responsabilizar a quienes considera involucrados en la represión interna y en actividades que representan amenazas para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.

Las nuevas sanciones se suman a una serie de medidas anunciadas en las últimas semanas contra empresas estatales cubanas, funcionarios gubernamentales y miembros de la élite política vinculada al poder en la isla.