Washington amplía ofensiva contra La Habana con nuevas sanciones a entidades militares y funcionarios del MINFAR

WASHINGTON, D.C. — La Administración del presidente Donald Trump anunció este miércoles una nueva ronda de sanciones contra el régimen cubano, dirigida a cinco entidades estatales y ocho altos funcionarios vinculados al aparato militar de la isla, en una medida que busca frenar las actividades que Washington considera una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y de la región.
El Departamento de Estado informó que las sanciones forman parte de la estrategia integral de la Administración Trump para presionar al gobierno cubano por sus crecientes relaciones militares con Rusia y China, así como por su participación en la adquisición de armamento, tecnología de vigilancia y equipos militares destinados a fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
La decisión se produce semanas después de la publicación del informe «Cuba: The Capital of 21st Century Communism», en el que Washington sostiene que el régimen de La Habana ha convertido a la isla en una plataforma desde donde potencias adversarias desarrollan operaciones que afectan los intereses estratégicos de Estados Unidos.
Empresas sancionadas
Entre las entidades sancionadas destacan compañías estatales dedicadas a la importación, exportación, reparación y modernización de equipos militares.
Las empresas incluidas en la lista son:
- TECNOIMPORT, señalada por importar equipos militares procedentes de Rusia y China para el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).
- DUNA S.A., acusada de participar en la importación de material militar desde ambos países.
- Unión de Industria Militar (UIM), responsable de la producción y reparación de armamento para las FAR y de modernizar sistemas de armas de origen ruso.
- Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, encargada del mantenimiento de helicópteros y aeronaves militares de fabricación rusa.
- TECNOTEX, subsidiaria de GAESA, involucrada en la importación de tecnología y equipos para los sectores de defensa y seguridad del régimen cubano.
Altos funcionarios bajo sanciones
Las nuevas medidas también alcanzan a ocho funcionarios del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del complejo militar cubano.
Entre ellos figura el ministro de las FAR, Álvaro López Miera, quien ya había sido sancionado anteriormente por Estados Unidos bajo la Ley Global Magnitsky.
También fueron incluidos:
- Roberto Legra Sotolongo, jefe del Estado Mayor General de las FAR.
- José Antonio Remón Rodríguez, responsable de las relaciones internacionales del MINFAR.
- Óscar Enrique Biosca Gallego, director económico del ministerio.
- Mónica Milian Gómez, agregada militar de Cuba en Rusia.
- Waldo Pérez Cortés, agregado militar en China.
- Roberto Jesús Viciana Mousset, director de la Unión de Industria Militar.
- Heriberto Sánchez Alleyne, director general de TECNOIMPORT.
Según el Departamento de Estado, estos funcionarios habrían facilitado la cooperación militar entre Cuba, Rusia y China, incluyendo la adquisición y transferencia de armamento, equipos de defensa y otros recursos estratégicos.
Bloqueo de activos y restricciones financieras
Como consecuencia de las sanciones, todos los bienes e intereses financieros de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan congelados.
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) prohíbe a ciudadanos, empresas e instituciones financieras estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción con las personas o entidades incluidas en la lista de sancionados.
Washington también advirtió que empresas extranjeras o instituciones financieras que mantengan negocios con los sancionados podrían exponerse a sanciones secundarias si facilitan operaciones relacionadas con los sectores de defensa, seguridad, energía, minería o servicios financieros del régimen cubano.
Objetivo de la medida
El Departamento de Estado señaló que las sanciones fueron impuestas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026, que autoriza medidas contra personas y entidades consideradas responsables de la represión en Cuba o de actividades que representen amenazas para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
La Administración Trump reiteró que el propósito de las sanciones es modificar el comportamiento del régimen cubano y limitar su capacidad para fortalecer alianzas militares con gobiernos considerados adversarios de Washington, especialmente Rusia y China.
El gobierno estadounidense sostuvo que continuará utilizando herramientas diplomáticas y económicas para aumentar la presión sobre La Habana mientras persistan estas actividades y su cooperación con potencias extranjeras en materia militar.



