Estados Unidos amplía sanciones contra la red financiera del régimen cubano

WASHINGTON, D.C. — La administración del presidente Donald Trump anunció este martes una nueva ronda de sanciones contra entidades y personas vinculadas al régimen cubano, en un esfuerzo por limitar las fuentes de financiamiento que, según Washington, sostienen la estructura represiva del gobierno de La Habana.

El secretario de Estado informó la designación de cinco entidades cubanas que generan ingresos para el régimen, incluidas tres relacionadas con el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Además, fue sancionada una integrante de la familia extendida Castro, esposa de Alejandro Castro Espín, quien ya había sido objeto de medidas restrictivas previas por parte del gobierno estadounidense.

Según el Departamento de Estado, GAESA continúa desempeñando un papel central en el financiamiento del aparato de seguridad cubano. Entre las entidades sancionadas figuran dos instituciones financieras vinculadas al movimiento de fondos en beneficio del régimen y una empresa logística que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, ejecuta operaciones clave para el gobierno en toda la isla.

Las nuevas medidas también alcanzan a dos entidades relacionadas con la explotación de recursos minerales y metálicos de Cuba, incluida la empresa estatal GeoMinera, señalada por generar ingresos para el Estado cubano mediante la extracción y comercialización de recursos naturales.

Washington sostiene que estas organizaciones y actores contribuyen a financiar, facilitar o beneficiarse de actividades consideradas perjudiciales para la seguridad nacional de Estados Unidos y para la estabilidad democrática en el hemisferio occidental.

Las sanciones fueron impuestas en virtud de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Trump el 1 de mayo de 2026, la cual autoriza amplias medidas contra individuos y entidades responsables de la represión en Cuba o que apoyen el aparato de seguridad del régimen.

El Departamento de Estado señaló que esta acción también fortalece la implementación de otras directrices presidenciales orientadas a promover los derechos humanos, el estado de derecho, la libre empresa y la democracia en Cuba.

La nueva ofensiva económica representa uno de los pasos más recientes de la política de máxima presión impulsada por la administración Trump contra el gobierno cubano, con el objetivo declarado de reducir los recursos financieros que sostienen a las autoridades de la isla.