WASHINGTON — El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la suspensión inmediata del cobro de varias tarifas migratorias impuestas bajo la ley federal HR-1 para integrantes del acuerdo judicial conocido como “Ms. L.” y sus familiares adicionales calificados (QAFMs), luego de una decisión emitida por una corte federal en California.
La medida entró en vigor el 5 de febrero de 2026, tras el fallo en el caso Ms. L. v. ICE, relacionado con la polémica política de separación familiar aplicada en la frontera sur durante la administración Trump.
Aunque el Departamento de Seguridad Nacional indicó que no está de acuerdo con la decisión judicial y evalúa sus opciones legales, USCIS confirmó que dejará de exigir temporalmente ciertos pagos migratorios a las familias afectadas.
Según la agencia, cualquier integrante de la clase “Ms. L.” o familiar calificado que haya recibido una notificación de cobro y no hubiera realizado el pago antes del 5 de febrero de 2026, queda automáticamente exento de esas tarifas. USCIS informó además que las notificaciones de pago fueron revocadas.
Entre las cuotas suspendidas se encuentran:
- Tarifa de “parole” migratoria.
- Pago inicial del permiso de trabajo (EAD) para personas con parole.
- Renovación del permiso de trabajo.
- Tarifa para solicitudes de asilo.
- Pago anual relacionado con procesos de asilo.
Las autoridades aclararon que únicamente califican las personas reconocidas oficialmente como miembros del acuerdo “Ms. L.” o sus familiares adicionales autorizados, quienes deben registrarse previamente en los portales oficiales together.gov o juntos.gov y ser confirmados por el Comité de Investigación de la Fuerza de Tarea de Reunificación Familiar.
USCIS también emitió instrucciones especiales para solicitantes de asilo pertenecientes al acuerdo. Las personas deberán presentar el formulario I-589 en papel —no en línea— y escribir en la primera página la frase “Ms. L Settlement Class Member” o “Ms. L. Settlement QAFM” para evitar el cobro de la tarifa de asilo.
La decisión representa un alivio económico para cientos de familias migrantes afectadas por las separaciones forzadas en la frontera, muchas de las cuales continúan enfrentando procesos migratorios y solicitudes de protección en Estados Unidos.
