Golpe al narcotráfico: tres dominicanos admiten importar casi 1.7 toneladas de cocaína por mar hacia el sur de Florida
Operación federal intercepta cargamento millonario frente a Miami; acusados enfrentan hasta cadena perpetua
MIAMI, Fla. — Tres ciudadanos dominicanos se declararon culpables de su participación en una operación marítima de gran escala para introducir aproximadamente 1.694 kilogramos de cocaína en el sur de Florida, informaron autoridades federales.
Los acusados —Erasme Catalino Paulino Rodríguez, de 35 años; Joseito Díaz de Oleo, de 48; y Ober Alexander Villavicencio Jiménez, de 36— admitieron el cargo de conspiración para importar una sustancia controlada en una corte federal del Distrito Sur de Florida.
“Se trató de una operación de contrabando de cocaína a gran escala destinada a introducir casi 1,7 toneladas métricas de veneno en el sur de Florida”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones. “Esta cantidad alimenta la adicción, la violencia y las ganancias de los carteles a una escala masiva. Estos acuerdos de culpabilidad desmantelan una importante ruta de tráfico y reflejan la fortaleza de la acción coordinada federal en el mar y en tierra”.
De acuerdo con documentos judiciales, el 2 de diciembre de 2025, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó la embarcación M/V Best Bet, un bote de pesca deportiva de 65 pies, a unas seis millas náuticas de la costa de Government Cut, en el condado de Miami-Dade. Tras escoltar la nave hasta la estación de Miami Beach, las autoridades encontraron la droga oculta en compartimentos secretos.
Los imputados confesaron haber partido desde Miami hacia un punto preestablecido cercano a las Islas Turcas y Caicos, donde se reunieron con otra embarcación tripulada por cuatro hombres dominicanos que les entregaron bolsas tipo “duffle” cargadas de cocaína. Posteriormente, ocultaron el cargamento a bordo e iniciaron el regreso hacia Florida, donde fueron interceptados.
Cada uno de los acusados enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. La sentencia final será determinada por un juez federal tras considerar las directrices de sentencia y otros factores legales.
El caso es investigado por la Administración para el Control de Drogas en Miami y Investigaciones de Seguridad Nacional, con el apoyo de la Guardia Costera, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Buró Federal de Investigaciones.
La fiscal auxiliar federal Lynn Kirkpatrick está a cargo de la acusación. Las autoridades indicaron que esta operación forma parte de la iniciativa de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), un esfuerzo interinstitucional para combatir carteles, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico humano que operan dentro y fuera de Estados Unidos.
