Trump despliega 2.000 agentes federales en Minneapolis en medio de escándalo por fraude social
La ofensiva migratoria coincide con la congelación de fondos federales para guarderías, la renuncia de Tim Walz a la reelección y el aumento de la tensión con la comunidad

MINNEAPOLIS. — Unos 2.000 agentes federales comenzaron a ser desplegados en Minneapolis como parte de la más reciente ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump contra la inmigración, en un contexto marcado por un escándalo de fraude a programas sociales que sacude a Minnesota y ha generado una profunda incertidumbre política y social en la ciudad.
Según funcionarios de seguridad citados por medios nacionales, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de la Patrulla Fronteriza y del Departamento de Seguridad Nacional ya están en el terreno. También se espera la llegada del comandante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Gregory Bovino, cuyas tácticas han sido objeto de controversia en otras ciudades del país.
El despliegue ocurre apenas días después de que la administración Trump congelara los fondos federales destinados al cuidado infantil en Minnesota —unos 185 millones de dólares anuales que benefician a cerca de 19.000 niños— y en medio de una investigación federal por presunto fraude en programas de asistencia social. Las autoridades federales exigen al estado una auditoría exhaustiva antes del viernes para considerar la liberación de los recursos.
La crisis política se intensificó el lunes cuando el gobernador Tim Walz anunció que no buscará la reelección. Aunque no ha sido acusado de irregularidades, Walz ha sido duramente criticado por republicanos que lo responsabilizan por una supuesta falta de supervisión en el uso de fondos públicos. El propio gobernador afirmó que dio un paso al costado ante lo que calificó como una “instrumentalización política” del escándalo.
La nueva operación migratoria ha generado temor, especialmente entre la comunidad somalí de las Ciudades Gemelas, que ya fue blanco de acciones similares en el pasado. Organizaciones comunitarias denuncian un clima de intimidación, pese a que la mayoría de los somalíes en Minnesota son ciudadanos estadounidenses. Líderes civiles advierten que casos aislados de fraude no pueden ser utilizados para estigmatizar a toda una comunidad.
A la tensión se suma la polémica surgida por denuncias del Departamento de Seguridad Nacional sobre la supuesta cancelación de reservas hoteleras a agentes federales por parte de un hotel afiliado a la cadena Hilton, lo que fue negado por la empresa matriz y atribuido a decisiones de un operador independiente.
El escándalo llegará esta semana al Congreso, donde legisladores estatales de Minnesota testificarán ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos. El presidente del comité, James Comer, también citó a Walz y al fiscal general del estado, Keith Ellison, a una audiencia en febrero, elevando aún más la presión política.
Mientras tanto, miles de familias de Minnesota permanecen en vilo, sin saber si los fondos federales para el cuidado infantil serán restablecidos, en una ciudad que enfrenta simultáneamente una ofensiva migratoria, una investigación por fraude y un clima social cada vez más polarizado.


