Un cubano se declara culpable de estafar más de $800,000 a un anciano desde Panamá
El esquema de fraude incluyó el uso de cheques falsificados y el lavado de dinero a través de cómplices en el sur de la Florida
MIAMI — Michel Duarte Suárez, un ciudadano cubano de 50 años, se declaró culpable de liderar una conspiración desde su residencia en Ciudad de Panamá para robar más de $800,000 de la cuenta bancaria de una persona de la tercera edad en Estados Unidos. El esquema de fraude incluyó el uso de cheques falsificados y el lavado de dinero a través de cómplices en el sur de la Florida.
Suárez fue acusado formalmente en septiembre de 2023, pero se encontraba viviendo en Panamá en ese momento. En enero de 2025 fue arrestado por las autoridades panameñas y extraditado a Florida para enfrentar los cargos.
Según documentos judiciales, en marzo de 2022 Suárez reveló a un informante confidencial que tenía acceso a la cuenta bancaria de una víctima de 82 años. Desde Panamá, Suárez elaboró y envió cheques fraudulentos con firmas falsificadas que imitaban la firma original de la víctima. Estos cheques eran enviados al sur de Florida, donde sus cómplices los cobraban y le devolvían el 50% de las ganancias ilícitas mediante transferencias a la empresa Online Electronics, con sede en Miami y vinculada al propio Suárez.
Durante un periodo de cuatro meses, Suárez y sus colaboradores lograron sustraer aproximadamente $803,000 de la cuenta de la víctima.
Suárez se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y fraude postal, y de un cargo de robo de identidad agravado. Enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión por el primer cargo y una condena obligatoria adicional de dos años por el segundo, la cual deberá cumplirse de manera consecutiva.
La sentencia está programada para el 29 de septiembre de 2025, ante la jueza federal Kathleen M. Williams, en Miami.
El anuncio fue realizado por el fiscal federal del distrito sur de Florida, Hayden P. O’Byrne; el agente especial Brett Skiles del FBI en Miami; Jason Scalzo, jefe de la Unidad de Crímenes Electrónicos de la FDIC-OIG; y Rafael Barros, jefe de la oficina del Servicio Secreto en Miami.
El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Alexander Thor Pogozelski, mientras que el fiscal Marx Calderon se encarga de los procedimientos de decomiso de bienes.
