Manifestantes protestan en Palm Beach County contra la inversión de fondos públicos en bonos de Israel
La protesta ocurrió tras una audiencia pública que terminó con el arresto de la abogada y activista palestino-estadounidense Noura Erakat.
WEST PALM BEACH, Florida — Una audiencia presupuestaria de la Comisión del Condado de Palm Beach terminó el martes 15 de septiembre con la detención de la abogada, académica y activista palestino-estadounidense Noura Erakat, en medio de una controversia por las normas de participación pública y las inversiones del condado en bonos emitidos por el Estado de Israel.
Erakat fue arrestada y acusada de un delito menor de allanamiento —trespassing, en inglés— después de negarse a abandonar el salón cuando agentes del orden le ordenaron salir. Posteriormente fue puesta en libertad bajo fianza, según declaraciones ofrecidas por la activista a medios nacionales.
Videos difundidos en redes sociales muestran a agentes escoltándola fuera del recinto mientras ella insistía en que buscaba ejercer su derecho a la libertad de expresión. Otros asistentes que intentaron referirse a las inversiones también fueron retirados de la audiencia, aunque no todos fueron arrestados.
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De acuerdo con Erakat, los participantes recibieron un minuto para intervenir y fueron advertidos de que no podían hablar sobre los bonos de Israel porque el asunto no formaba parte del tema presupuestario que se discutía. También se les indicó que las expresiones de aprobación o protesta desde el público podían provocar su expulsión.
Protesta frente al edificio gubernamental
Tras lo ocurrido en el interior, un grupo de manifestantes se congregó frente al edificio gubernamental en West Palm Beach. Los asistentes portaron pancartas con mensajes como “Fund Housing, Not Genocide” —“Financien viviendas, no un genocidio”— y expresaron su rechazo a que fondos públicos sean invertidos en deuda de un gobierno extranjero.
Entre los participantes se encontraba Kenneth Dempsey, teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien dijo a Atlántikas que había acudido a la audiencia para oponerse a las inversiones del condado en bonos de Israel.
“Por razones humanitarias, estoy en contra de esto”, afirmó Dempsey. El veterano sostuvo que los recursos públicos deberían responder a las necesidades de los residentes del condado y expresó preocupación por la situación humanitaria de la población palestina.
Algunas de sus declaraciones incluyeron interpretaciones políticas más amplias sobre las intenciones territoriales de Israel. Esas afirmaciones representan su opinión y no fueron verificadas de manera independiente por Atlántikas.
Fotos por Atlántikas.
Más de $1,000 millones invertidos
Palm Beach County se ha convertido en el mayor inversionista municipal conocido en bonos de Israel. A comienzos de 2026, el entonces secretario y contralor del condado, Joseph Abruzzo, anunció una nueva compra de aproximadamente $350.5 millones, con la cual el valor total de estas inversiones alcanzó cerca de $1,000 millones.
Las autoridades responsables de la administración de esos fondos han defendido las adquisiciones como decisiones financieras basadas en seguridad, liquidez y rendimiento. También han señalado que los bonos ofrecían tasas superiores a otras alternativas permitidas, incluidos ciertos valores del Tesoro de Estados Unidos.
Los opositores cuestionan tanto el riesgo financiero como las implicaciones éticas y políticas de destinar una parte considerable de los recursos del condado a esos instrumentos. Una demanda presentada por residentes para impugnar las inversiones fue desestimada en agosto por falta de legitimación procesal, sin que el tribunal resolviera el fondo de los argumentos. Los demandantes han indicado que continuarían el proceso de apelación.
Los bonos son instrumentos de deuda: el inversionista presta dinero al emisor y recibe intereses, además del reembolso del capital bajo las condiciones establecidas. Los bonos de Israel son emitidos por ese Estado y comercializados en Estados Unidos por Development Corporation for Israel.
Un conflicto que también llega al ámbito local
La protesta se desarrolla dentro del debate internacional sobre la ofensiva israelí en Gaza y sus consecuencias humanitarias. Una comisión independiente de investigación de las Naciones Unidas concluyó en septiembre de 2025 que Israel había cometido genocidio contra la población palestina en Gaza. El Gobierno israelí rechazó categóricamente esa conclusión y sostiene que sus operaciones militares buscan combatir a Hamás y responder a los ataques del 7 de octubre de 2023.
La detención de Erakat abrió, además, interrogantes sobre los límites que pueden imponer las autoridades durante una audiencia gubernamental abierta al público.
Los gobiernos locales pueden establecer reglas sobre el tiempo y el orden de las intervenciones. Sin embargo, esas normas deben aplicarse de manera neutral y compatible con las protecciones constitucionales de libertad de expresión. La acusación contra Erakat constituye una alegación penal y no una declaración de culpabilidad; el caso deberá seguir el proceso correspondiente ante los tribunales.
El episodio demuestra cómo una decisión financiera del gobierno local puede convertirse en un punto de encuentro entre asuntos presupuestarios, derechos constitucionales y uno de los conflictos internacionales más polémicos de la actualidad.
