Investigación penal sacude al Southern Poverty Law Center en EE. UU.
El Departamento de Justicia evalúa posibles cargos por el uso de informantes infiltrados en grupos extremistas
WASHINGTON — El Southern Poverty Law Center (SPLC), una de las organizaciones de derechos civiles más influyentes de Estados Unidos, anunció que es objeto de una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo que podría derivar en cargos relacionados con su histórico uso de informantes pagados para infiltrar grupos extremistas.
La organización confirmó este martes que la administración del presidente Donald Trump estaría preparando acciones legales contra el SPLC o algunos de sus empleados. Sin embargo, las autoridades federales no han emitido comentarios oficiales sobre el caso.
Según explicó su director ejecutivo, Bryan Fair, el foco de la investigación parece centrarse en la utilización de informantes confidenciales remunerados para obtener inteligencia sobre grupos altamente violentos. Esta práctica, indicó, se implementó durante décadas y permitió recopilar información clave que fue compartida con agencias locales y federales para prevenir actos de violencia.
“El conocimiento obtenido gracias a los informantes salvó vidas”, afirmó Fair, quien también subrayó que estos programas se mantuvieron en secreto para proteger la seguridad de quienes colaboraban.
Fundado en 1971 en Montgomery, Alabama, el SPLC ha sido reconocido por su trabajo en litigios contra organizaciones supremacistas blancas y en la defensa de los derechos civiles. No obstante, en los últimos años se ha convertido en blanco frecuente de críticas por parte de sectores conservadores, que lo acusan de actuar con sesgo político y de etiquetar injustamente a grupos de derecha como extremistas.
La investigación se produce en un contexto de creciente tensión política, con cuestionamientos sobre el uso del sistema judicial con fines partidistas. Críticos de la actual administración republicana advierten que este caso podría alimentar preocupaciones sobre una posible instrumentalización del Departamento de Justicia contra adversarios políticos.
Además, el SPLC ha enfrentado un escrutinio renovado tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk el año pasado, lo que reavivó el debate sobre la clasificación de organizaciones en sus informes anuales sobre odio y extremismo.
En paralelo, el director del FBI, Kash Patel, anunció recientemente la ruptura de vínculos entre la agencia y el SPLC, al que calificó como una “máquina de difamación partidista”. Asimismo, legisladores republicanos llevaron a cabo audiencias en el Congreso cuestionando el papel del centro y su presunta coordinación con la administración demócrata anterior.
El SPLC ha reiterado que defenderá “enérgicamente” a su personal y sus métodos, en un caso que promete intensificar aún más el debate político y legal en torno a la lucha contra el extremismo en Estados Unidos.
