Florida redobla su ofensiva contra la inmigración ilegal rumbo a la sesión legislativa de 2026

TALLAHASSEE, Florida.— A las puertas de la sesión legislativa de Florida de 2026, el combate a la inmigración ilegal vuelve a colocarse en el centro de la agenda del gobernador Ron DeSantis y de la mayoría republicana que controla la Cámara y el Senado estatales. Una batería de proyectos de ley, algunos de los más severos presentados hasta ahora, busca ampliar el uso obligatorio de E-Verify, imponer sanciones penales a empleadores, restringir beneficios y endurecer los requisitos de ciudadanía para votar.

Entre las iniciativas más amplias destaca el paquete SB 1380/HB 1307, patrocinado por el senador Jonathan Martin y el representante Berny Jacques. El proyecto contempla multas a empleadores que ignoren el estatus migratorio de sus trabajadores, cargos criminales para quienes contraten a más de 50 inmigrantes indocumentados y la negación de préstamos bancarios a personas sin estatus legal. También introduce una presunción refutable de culpa para conductores indocumentados de otros estados en accidentes de tránsito, obliga a las fuerzas del orden a verificar el estatus migratorio en investigaciones de choques y prohíbe traductores o intérpretes en procesos de licenciamiento. Además, establece penalidades por no usar E-Verify antes de presentar reclamaciones de compensación laboral.

En la misma línea, el SB 1542, presentado por el senador independiente Jason Pizzo, amplía aún más el alcance del E-Verify al exigir su uso generalizado por parte de los empleadores, no solo en casos de compensación laboral. La propuesta también ordena a la policía utilizar E-Verify para investigar el estatus migratorio de personas detenidas y prohíbe de forma permanente que las empresas infractoras reciban contratos públicos en Florida.

El frente educativo también entra en la ofensiva con el SB 1052, de la senadora Erin Grall, que instruye a universidades y colegios públicos a admitir exclusivamente a ciudadanos estadounidenses o personas legalmente presentes en el país. La medida impediría además que inmigrantes en situación irregular accedan a programas estatales de educación para adultos, como GED o inglés como segundo idioma.

Otro eje clave es la expansión obligatoria del E-Verify para todos los negocios. Los proyectos HB 197/SB 1278, nuevamente impulsados por Jacques y Martin, eliminan el umbral actual de 25 empleados y extienden el requisito a todas las empresas, públicas y privadas, reforzando una ley aprobada en 2023.

En materia electoral, los proyectos HB 991 y HB 985 buscan reforzar los controles de ciudadanía para votar. El HB 991, presentado por las representantes Jenna Persons-Mulicka y Dana Trabulsy, exigiría prueba documental de ciudadanía para registrarse, ordenaría auditorías post-electorales, ampliaría el intercambio de información entre agencias estatales y obligaría a que licencias de conducir e identificaciones muestren el estatus de ciudadanía. También introduce nuevas restricciones a las contribuciones de campaña de extranjeros.

Por su parte, el HB 985, patrocinado por Berny Jacques, utiliza el programa federal SAVE para verificar ciudadanía, endurece las reglas de identificación en los centros de votación, amplía el uso de boletas provisionales y establece que licencias emitidas a no ciudadanos lleven la marca “NC” visible en el frente.

Con este conjunto de propuestas, Florida se encamina a una de las sesiones legislativas más controvertidas de los últimos años en materia migratoria y electoral, en un contexto nacional marcado por el debate sobre seguridad fronteriza, empleo y derechos civiles. Atlantikas.com seguirá de cerca el avance de estas iniciativas y su impacto político y social en el estado.