Florida debate límites del discurso docente en redes sociales tras comentarios sobre Charlie Kirk
“No toda expresión está amparada. Los comentarios que inciten a violencia inminente o incluyan amenazas directas carecen de protección constitucional y pueden incluso derivar en cargos criminales”, explicó el abogadoLawrece Walters.
WEST PALM BEACH, Fla. — El futuro laboral de varios maestros en Florida sigue en suspenso mientras crece la controversia sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales y las sanciones que podrían enfrentar empleados públicos por sus comentarios.
El gobernador Ron DeSantis aseguró este miércoles que el Departamento de Educación del estado “ha tomado acción inmediata” frente a publicaciones consideradas inapropiadas.
“Cuando uno ocupa posiciones de confianza, en la educación o en la salud, existe un estándar de conducta más alto que tenemos derecho a exigir”, dijo DeSantis en rueda de prensa. “Estamos orgullosos de lo que hicimos en ese sentido”.
La polémica surge luego de que el comisionado de Educación de Florida, Anastasios Kamoutsas, enviara cartas a distritos escolares advirtiendo que habría “investigaciones” sobre cualquier comentario “repudiable” en redes sociales relacionado con la muerte del activista político Charlie Kirk.
Libertad de expresión y límites legales
El abogado especializado en la Primera Enmienda, Lawrence Walters, señaló que los tribunales deberán evaluar el contexto y el impacto de los mensajes antes de decidir si un maestro puede ser despedido o protegido por sus derechos constitucionales.
“No toda expresión está amparada. Los comentarios que inciten a violencia inminente o incluyan amenazas directas carecen de protección constitucional y pueden incluso derivar en cargos criminales”, explicó Walters.
Reacciones en el sector educativo
El presidente de la Asociación de Educación de Florida (FEA por sus siglas en inglés), Andrew Spar, advirtió que la carta del comisionado ha generado “un efecto escalofriante” en las escuelas.
“Los maestros no renuncian a sus derechos de libre expresión. Sí, hay límites, pero también debe garantizarse un proceso justo antes de tomar cualquier medida”, afirmó Spar.
El líder sindical subrayó que los educadores están sujetos a estándares más altos, pero insistió en que “eso no significa que renunciemos a tener opiniones propias”. También reclamó que toda investigación debe incluir la revisión completa del contexto, el testimonio de testigos y la posibilidad de defensa del acusado.
La Asociación de Educación del Condado de Osceola declinó hacer comentarios sobre las pesquisas en curso.
Por ahora, las juntas escolares no han tomado decisiones finales sobre el futuro de los maestros investigados.
