Condenan a 30 meses de prisión a cubano de Hialeah por liderar esquema de tráfico de migrantes y fraude de asilo
La organización habría introducido ilegalmente a miles de cubanos a Estados Unidos mediante documentos falsos, solicitudes fraudulentas y una red de lavado de dinero.

FLORIDA — Un ciudadano cubano residente en Hialeah fue condenado este miércoles a 30 meses de prisión federal por su participación en una compleja organización internacional dedicada al tráfico de migrantes, fraude de asilo y lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El condenado fue identificado como Erik Ventura-Castro, de 24 años, quien, según documentos judiciales, formó parte de una conspiración que operó entre enero de 2021 y junio de 2025, facilitando el ingreso ilegal de miles de ciudadanos cubanos al país a través de la frontera sur mediante el uso de solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA) y exenciones de visa.
De acuerdo con la investigación, la organización promocionaba sus servicios en diversas plataformas de redes sociales, ofreciendo a ciudadanos cubanos y otros extranjeros vías para ingresar ilegalmente a Estados Unidos y posteriormente obtener beneficios migratorios a los que no tenían derecho.
Las autoridades indicaron que el esquema incluía asesorar a los solicitantes para que afirmaran falsamente tener ciudadanía europea, lo que les permitía solicitar autorizaciones ESTA, un programa del cual los ciudadanos cubanos no son elegibles.
Además, los conspiradores presentaron cientos de solicitudes fraudulentas utilizando direcciones falsas y documentos fabricados. En dichas aplicaciones declaraban, de manera fraudulenta, que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011, cuando en realidad muchos permanecían en la isla al momento de presentar la documentación.
Autoridades destacan el alcance del fraude
El fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, afirmó que Ventura-Castro formó parte de una conspiración «responsable de introducir extranjeros de manera ilegal a gran escala», reclutando personas mediante redes sociales, cobrando miles de dólares por el servicio y ayudándolas a obtener beneficios migratorios de forma fraudulenta.
Por su parte, el fiscal federal para el Distrito Medio de Florida, Gregory W. Kehoe, señaló que la organización utilizó métodos sofisticados para violar las leyes migratorias con fines de lucro y destacó que el trabajo conjunto de las agencias permitió llevar al acusado ante la justicia.
El director interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Tampa, Nicholas Ingegno, calificó el esquema como una explotación de personas vulnerables que amenaza la seguridad nacional y socava la integridad del sistema migratorio estadounidense.
Asimismo, el director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow, aseguró que la sentencia representa una muestra de la ofensiva del gobierno federal contra el fraude migratorio y sostuvo que las autoridades continuarán persiguiendo a quienes intenten explotar las leyes de inmigración mediante solicitudes falsas.
Red internacional
Según el expediente judicial, la organización de tráfico de migrantes operó durante más de cuatro años y habría facilitado la entrada ilegal de miles de ciudadanos cubanos mediante el uso de documentos falsificados, solicitudes migratorias fraudulentas y transacciones financieras ilícitas destinadas a ocultar las ganancias obtenidas por la red criminal.
Las autoridades federales continúan investigando la participación de otros implicados en la conspiración, mientras reiteran que este tipo de organizaciones enfrentará cargos federales por tráfico de personas, fraude migratorio y lavado de dinero.



