Condenados presidente de firma de seguros y CEO de empresa de mercadeo por un fraude de $233 millones ligado al Obamacare

WEST PALM BEACH, Fla. — Un jurado federal en West Palm Beach declaró culpables este martes al presidente de una firma de corretaje de seguros y al director ejecutivo de una empresa de mercadeo por liderar un esquema multimillonario de fraude relacionado con planes del Affordable Care Act (ACA), conocido como Obamacare.

Los acusados, Cory Lloyd, de 46 años, residente de Stuart (Florida), y Steven Strong, de 42 años, de Mansfield (Texas), participaron durante años en un plan para inscribir fraudulentamente a miles de personas en pólizas de seguros completamente subsidiadas por el gobierno federal, con el fin de cobrar millones de dólares en comisiones, según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio.

Un fraude que buscaba más de $233 millones

De acuerdo con la Fiscalía, Lloyd y Strong intentaron obtener más de $233 millones en subsidios indebidos, de los cuales el gobierno federal terminó pagando al menos $180 millones directamente a compañías de seguros. Los subsidios del ACA se otorgan a personas cuyos ingresos cumplen requisitos mínimos, algo que los acusados manipularon al presentar solicitudes falsas con información inventada o alterada.

Lloyd recibía comisiones por cada inscripción aprobada y posteriormente pagaba parte de esas ganancias a Strong a cambio de referidos. Para ampliar el esquema, utilizaron “street marketers” que reclutaban a personas en situación de vulnerabilidad —incluyendo personas sin hogar, desempleados y personas con adicciones o trastornos mentales—, a quienes incluso se ofrecieron sobornos para participar.

“Explotaron a los más vulnerables”

Autoridades federales condenaron enérgicamente la magnitud y el impacto humano del fraude.

“Estos acusados explotaron un sistema diseñado para familias trabajadoras y defraudaron a los contribuyentes”, dijo Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino del Departamento de Justicia. “Se aprovecharon de personas vulnerables para enriquecerse”.

El agente especial Brett Skiles, del FBI en Miami, destacó que los responsables “deliberadamente apuntaron a los más vulnerables… para llenar sus bolsillos con ganancias ilícitas”.

Investigadores del Departamento de Salud y de la División de Investigación Criminal del IRS señalaron que el esquema no solo generó perjuicios económicos, sino también disrupciones graves en la atención médica de los afectados, muchos de los cuales perdieron la cobertura que tenían a través de Medica id u otros programas públicos.

Manipulación del sistema y lujos financiados con el fraude

Durante el juicio quedó demostrado que los acusados entrenaban a los consumidores para responder de forma engañosa en las solicitudes, proporcionaban direcciones y números de Seguro Social falsos o no coincidentes y presentaban solicitudes manipuladas a Medicaid para garantizar su denegación y así poder inscribirlos en planes subsidiados fuera del periodo regular de inscripción.

Asimismo, el jurado determinó que Lloyd y Strong utilizaron los fondos obtenidos para financiar la compra de casas y vehículos de lujo, lo que llevó también a cargos por lavado de dinero.

Cargos y posibles condenas

Lloyd y Strong fueron declarados culpables de:

• Conspiración para cometer fraude electrónico

• Tres cargos de fraude electrónico

• Conspiración para defraudar a Estados Unidos

Además, Strong fue condenado por dos cargos adicionales de lavado de dinero.

Cada uno enfrenta hasta 20 años de prisión por conspiración y por cada delito de fraude electrónico; 5 años por conspiración para defraudar al gobierno; y en el caso de Strong, hasta 10 años adicionales por cada cargo de lavado de dinero.

La sentencia está programada para el 4 de febrero de 2026.

Una investigación coordinada

El caso fue investigado por el FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG) y la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI).

Los fiscales de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia lideraron la acusación, como parte de los esfuerzos federales para combatir el fraude en el sistema de salud.