Estafa a los ancianos en plena pandemia: y facturó más de $15 millones a Medicare
Un empresario de Florida fue declarado culpable de utilizar eventos de pruebas de COVID-19 en clubes residenciales del área de West Palm Beach para someter a pacientes mayores a decenas e incluso cientos de análisis de sangre innecesarios. Medicare pagó más de $500,000 por pruebas que, según los fiscales, nunca fueron ordenadas por médicos.
WEST PALM BEACH, Fla. — Un jurado federal declaró culpable a un hombre de Florida que, durante la pandemia de COVID-19, habría utilizado eventos de pruebas para explotar a pacientes de edad avanzada y generar millones de dólares en facturación fraudulenta a Medicare.
Joseph Rodriguez, de 58 años y residente de Coral Springs, fue condenado por conspiración para cometer fraude contra el sistema de salud y por seis cargos sustantivos de fraude de atención médica, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Rodríguez se desempeñaba como vicepresidente de un laboratorio de pruebas y además era propietario y operador de una empresa de marketing llamada Phoenix Health, utilizada para organizar y promocionar eventos de pruebas de COVID-19 en clubes residenciales del área de West Palm Beach.
De acuerdo con los documentos judiciales y las pruebas presentadas durante el juicio, los pacientes acudían a estos eventos buscando únicamente pruebas de COVID-19 mediante hisopado nasal y análisis de anticuerpos.
Sin embargo, según los fiscales, una vez que los pacientes se presentaban para las pruebas que habían solicitado, el personal recolectaba muestras adicionales de sangre para realizar decenas e incluso cientos de análisis que los pacientes no habían pedido y que, en muchos casos, no necesitaban.
Entre los análisis adicionales se encontraban pruebas hormonales y estudios para detectar metales pesados como arsénico, mercurio y cadmio.
Los fiscales señalaron que ninguno de estos análisis había sido ordenado por un médico, un requisito fundamental para que pudieran ser facturados legítimamente a Medicare.
Más de $15 millones facturados a Medicare
La investigación determinó que el esquema se llevó a cabo durante aproximadamente cuatro meses en nueve clubes residenciales y afectó a cerca de 2.000 pacientes.
Durante ese período, las reclamaciones presentadas a Medicare superaron los $15 millones.
Medicare llegó a pagar más de $500,000 por esos servicios.
Según la evidencia presentada ante el jurado, Rodriguez habría sido responsable de organizar los eventos, promocionarlos ante los administradores de los clubes residenciales y ordenar a sus empleados que obtuvieran muestras adicionales de sangre.
Además, los fiscales sostuvieron que se utilizó fraudulentamente el nombre de un médico en las reclamaciones presentadas a Medicare, haciendo parecer que los análisis habían sido ordenados por un profesional que atendía a los pacientes.
La evidencia incluyó quejas de pacientes que llegaron directamente a Rodríguez, así como reclamos de uno de los médicos cuyo nombre aparecía en las facturas.
El médico habría cuestionado por qué Medicare estaba recibiendo facturas de miles de dólares por análisis de sangre que supuestamente había ordenado.
Administradores de los clubes residenciales también preguntaron a Rodríguez por qué se estaban realizando análisis adicionales de sangre a sus miembros cuando estos habían acudido únicamente para hacerse pruebas de COVID-19.
«Se aprovechó de pacientes desesperados»
El Departamento de Justicia calificó el caso como un ejemplo de cómo algunos proveedores utilizaron la emergencia sanitaria para obtener ganancias ilícitas.
«El acusado se aprovechó de pacientes desesperados por obtener pruebas de COVID-19 en el punto más crítico de la pandemia para facturar a Medicare por análisis de sangre innecesarios», dijo Colin M. McDonald, fiscal general adjunto de la División Nacional de Aplicación de la Ley contra el Fraude del Departamento de Justicia.
McDonald advirtió que este tipo de conducta durante una emergencia sanitaria no será tolerada y aseguró que las autoridades continuarán procesando a quienes intenten beneficiarse fraudulentamente de los programas federales de salud.
Por su parte, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG) señaló que los pacientes de edad avanzada fueron especialmente vulnerables al esquema.
«Al anteponer el beneficio personal al bienestar de las personas mayores, el acusado violó su confianza y amenazó la integridad de nuestro sistema de salud», afirmó Miranda L. Bennett, subinspectora general interina para Investigaciones de HHS-OIG.
El FBI también destacó el impacto económico del fraude.
«El veredicto de culpabilidad responsabiliza a Joseph Rodriguez por su papel en un esquema que explotó a pacientes y facturó fraudulentamente millones de dólares a Medicare», declaró Brett D. Skiles, agente especial a cargo de la oficina del FBI.
Podría enfrentar décadas de prisión
Rodríguez fue declarado culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude contra el sistema de salud y seis cargos de fraude de atención médica.
Cada uno de los cargos contempla una pena máxima de hasta 10 años de prisión, por lo que el acusado podría enfrentar una condena considerable.
La sentencia será determinada posteriormente por un juez federal, quien deberá considerar las Pautas Federales de Sentencias y otros factores establecidos por la ley.
La audiencia de sentencia está prevista para enero de 2027.
La investigación fue realizada por el FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
El caso fue procesado por James V. Hayes, fiscal adjunto principal, y Claire Horrell, fiscal litigante de la Sección de Fraude en la Atención Médica de la División de Fraude del Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia recordó que su programa Health Care Fraud Strike Force, actualmente integrado por nueve grupos de trabajo en distintos distritos federales, ha acusado desde 2007 a más de 6.200 personas que, en conjunto, habrían presentado facturas por más de $45.000 millones a programas federales de salud y compañías privadas de seguros.
El caso de Rodríguez vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos utilizados durante la pandemia para facturar servicios médicos no solicitados o médicamente innecesarios, especialmente cuando los pacientes eran adultos mayores que buscaban acceder a pruebas de COVID-19.
