$57 millones en la mira del IRS, siete acusado por presunto fraude fiscal
Una mujer de Port St. Lucie figura entre los acusados: fiscales federales alegan que el grupo presentó más de 100 declaraciones tributarias ficticias y obtuvo ilegalmente más de $8 millones en reembolsos del gobierno.
WASHINGTON — El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la apertura de una acusación formal ampliada contra siete personas, entre ellas una residente de Port St. Lucie, Florida, por su presunta participación en un esquema de fraude fiscal que habría intentado obtener más de $57 millones en reembolsos del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Según la acusación, los involucrados habrían preparado y presentado declaraciones de impuestos falsas, tanto individuales como de fideicomisos, además de utilizar instrumentos financieros ficticios con el objetivo de obtener devoluciones de dinero del gobierno federal.
Las autoridades sostienen que el grupo presentó más de 100 declaraciones fraudulentas y que, como resultado, consiguió recibir más de $8 millones de fondos de los contribuyentes estadounidenses.
“Este grupo de estafadores participó, según se alega, en un esquema de fraude fiscal de $57 millones”, afirmó el fiscal general adjunto Colin M. McDonald, de la División Nacional de Aplicación contra el Fraude del Departamento de Justicia.
McDonald aseguró que las autoridades continuarán investigando y procesando este tipo de operaciones fraudulentas en todo el país.
Una residente de Port St. Lucie entre los acusados
La acusación identifica a los presuntos integrantes del esquema como Andrea Shannon y Kent Shannon, de Kuna, Idaho; Monika Skinger, de Chicago, Illinois; Sherita Chandler, de Port St. Lucie, Florida; Saule Moshkanova, de Roseville, California; Tiffany Nichols, de Suwanee, Georgia; y Stacey Rice, de Manteca, California.
De acuerdo con los documentos judiciales, entre 2023 y 2024, los acusados y otros conspiradores no imputados habrían colaborado para presentar reclamaciones fraudulentas de reembolsos tributarios por un valor total superior a $57 millones.
La investigación señala que el supuesto mecanismo incluía la preparación y presentación de declaraciones fiscales falsas y documentos financieros ficticios ante el IRS.
Moshkanova, Nichols y Rice fueron acusadas cada una de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
Andrea y Kent Shannon, junto con Skinger y Chandler, ya habían sido acusados anteriormente de conspiración para cometer fraude electrónico.
En el caso de Andrea y Kent Shannon, la acusación también incluye múltiples cargos relacionados con fraude electrónico, presentación de reclamaciones falsas contra Estados Unidos y lavado de dinero.
Las autoridades alegan que los Shannon utilizaron parte de los reembolsos obtenidos fraudulentamente para adquirir bienes personales, incluidos automóviles de lujo.
Kent Shannon enfrenta además un cargo relacionado con el lavado de dinero.
Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
Andrea y Kent Shannon podrían recibir además hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico y hasta cinco años por cada cargo de presentar reclamaciones falsas.
Kent Shannon enfrenta asimismo una pena máxima de 10 años de prisión por el cargo de lavado de dinero.
La investigación está siendo realizada por la División de Investigación Criminal del IRS (IRS Criminal Investigation).
El caso está siendo procesado por el abogado David F. Scollan, de la Sección Tributaria de la División Nacional de Aplicación contra el Fraude, y la fiscal federal adjunta Brittney Campbell, del Distrito de Idaho.
El Departamento de Justicia anunció en abril la creación de la National Fraud Enforcement Division, una división dedicada específicamente a investigar y procesar casos de fraude contra ciudadanos estadounidenses.
El gobierno federal ha vinculado estas investigaciones con la iniciativa de la administración del presidente Donald Trump para combatir el fraude, el desperdicio y el abuso dentro de los programas federales de beneficios.
Importante: una acusación formal constituye únicamente una alegación. Todos los acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal.
