La Corte Suprema autoriza a Trump a continuar la verificacion de ciudadania de los votantes
Por 6-3, el máximo tribunal permite temporalmente el uso del sistema federal SAVE para comprobar la ciudadanía en los registros electorales, mientras continúa el litigio que enfrenta a la Administración Trump con organizaciones defensoras del derecho al voto.
WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes a la Administración del presidente Donald Trump a continuar, por ahora, con el uso ampliado del sistema federal SAVE para verificar la ciudadanía y el estatus migratorio de personas inscritas en los registros electorales.
El máximo tribunal falló 6-3 en el caso Department of Homeland Security v. League of Women Voters, permitiendo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continúe utilizando el sistema modificado mientras avanza el litigio. La decisión deja sin efecto temporalmente la orden de un tribunal federal inferior que había bloqueado la implementación del programa.
El sistema, conocido como Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE), fue creado originalmente para que agencias gubernamentales verificaran información relacionada con ciudadanía y estatus migratorio. La Administración Trump amplió su utilización para facilitar a los estados y gobiernos locales la comprobación de la ciudadanía de personas registradas para votar.
DHS celebra el fallo
Tras conocerse la decisión, el DHS calificó el fallo como un respaldo a sus esfuerzos para verificar la elegibilidad de los votantes.
James Percival, abogado general del DHS, afirmó que la decisión representa una victoria para la integridad electoral y sostuvo que el Gobierno utilizará las herramientas disponibles para impedir que personas que no sean ciudadanos estadounidenses voten ilegalmente.
La Administración Trump sostiene que los funcionarios electorales estatales y locales deben disponer de mecanismos adecuados para comprobar la ciudadanía de quienes solicitan registrarse para votar o ya aparecen inscritos en los padrones.
La política está vinculada con la Orden Ejecutiva 14248, firmada por Trump en marzo de 2025 y denominada Preserving and Protecting the Integrity of American Elections. La orden instruyó al DHS a facilitar, conforme a la legislación aplicable, el acceso de funcionarios estatales y locales a sistemas destinados a verificar la ciudadanía o el estatus migratorio de personas registradas para votar.
El conflicto judicial
El programa había sido bloqueado por un tribunal federal del Distrito de Columbia, que concluyó que la Administración había creado y utilizado de manera ilegal una versión modificada de SAVE y cuestionó el manejo y divulgación de información personal procedente de registros federales.
La League of Women Voters y otras organizaciones demandantes sostuvieron que la expansión del sistema vulneraba, entre otras normas, la Ley del Seguro Social, la Ley de Privacidad y la Administrative Procedure Act. También argumentaron que los datos utilizados podrían contener errores y provocar que ciudadanos elegibles fueran cuestionados o incluso retirados de los registros electorales.
Antes de acudir a la Corte Suprema, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia había rechazado, por 2-1, la solicitud de la Administración para suspender la decisión del tribunal inferior.
Una autorización temporal, no el final del litigio
La decisión de este viernes no constituye necesariamente una resolución definitiva sobre todos los aspectos legales del programa. La Corte Suprema está actuando sobre la solicitud de emergencia presentada por el Gobierno mientras continúa el proceso judicial.
El expediente de la Corte Suprema corresponde al caso No. 26A308, Department of Homeland Security, et al. v. League of Women Voters, et al., presentado ante el tribunal el 8 de septiembre de 2026.
La controversia adquiere especial relevancia de cara a las elecciones de medio término de noviembre de 2026, cuando los estados podrán utilizar nuevamente las herramientas ampliadas de SAVE dentro de los parámetros establecidos por la decisión judicial.
La Corte Suprema, por tanto, ha permitido que el programa continúe mientras el litigio sigue su curso, en un caso que enfrenta dos argumentos centrales: por un lado, la Administración Trump defiende la verificación federal de ciudadanía como una herramienta para garantizar la elegibilidad electoral; por otro, los demandantes advierten sobre posibles violaciones a las leyes de privacidad y sobre el riesgo de afectar a ciudadanos que cumplen los requisitos para votar.
