La Cámara de Representantes aprueba $70 mil millones para reforzar deportaciones y control migratorio en EE.UU.

WASHINGTON.– La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes, por un estrecho margen de 214 votos a favor y 212 en contra, un proyecto de ley que destina cerca de 70 mil millones de dólares a la aplicación de las leyes migratorias, fortaleciendo significativamente la agenda de deportaciones promovida por el presidente Donald Trump.

La legislación, que ahora será enviada a Trump para su firma, financiará durante los próximos tres años a dos de las principales agencias encargadas del control migratorio: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

Según la Casa Blanca, el paquete contempla 38 mil millones de dólares para ICE, 26 mil millones para la Patrulla Fronteriza y otros 5 mil millones destinados a cubrir gastos imprevistos. La administración sostiene que estos recursos garantizarán un flujo continuo de financiamiento para respaldar el objetivo de deportar hasta un millón de personas por año.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, celebró la aprobación de la medida y afirmó que era una acción largamente esperada para reforzar la seguridad fronteriza.

“Tenemos que financiar la seguridad de la frontera y la aplicación de las leyes migratorias”, declaró Johnson, destacando que los republicanos lograron sacar adelante la iniciativa sin el respaldo de los demócratas.

Sin embargo, la oposición calificó el proyecto como una expansión sin precedentes de las capacidades de deportación del gobierno federal. El congresista demócrata Lloyd Doggett, de Texas, describió la medida como un “fondo discrecional para ICE”, mientras que el líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, denunció que el Congreso está otorgando a la administración “un cheque en blanco de 70 mil millones de dólares sin supervisión ni rendición de cuentas”.

Los demócratas habían condicionado su apoyo a reformas en las operaciones de ICE, incluyendo la obligación de que los agentes mostraran identificación visible durante los operativos y la exigencia de órdenes judiciales para ingresar a propiedades privadas. Ninguna de esas condiciones fue incluida en la versión final del proyecto.

La aprobación llega después de meses de enfrentamientos políticos en el Congreso y de un prolongado cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), provocado por desacuerdos sobre el financiamiento de las políticas migratorias.

El dinero también se suma a los casi 140 mil millones de dólares que el Congreso, controlado por los republicanos, ya había asignado el año pasado a ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dentro del paquete de recortes fiscales y gastos impulsado por Trump.

La nueva financiación llega en un momento clave para el Departamento de Seguridad Nacional, ahora dirigido por el secretario Markwayne Mullin, quien asumió el cargo en marzo tras la salida de Kristi Noem. La administración enfrenta presiones de sectores favorables a una política migratoria más estricta para cumplir la promesa de campaña de Trump de llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia del país.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de inmigrantes han expresado preocupación por el endurecimiento de las políticas federales, incluyendo los esfuerzos para eliminar programas de protección temporal, modificar los procesos de residencia permanente y las demoras reportadas por beneficiarios del programa DACA, conocidos como “Dreamers”.

La aprobación del proyecto marca una nueva victoria legislativa para la Casa Blanca y anticipa que la inmigración continuará siendo uno de los temas centrales del debate político estadounidense de cara a las próximas elecciones de medio mandato.