Justicia de EE. UU. busca retirar la ciudadanía a 17 naturalizados por fraude, abusos y otros delitos graves
Entre los acusados figuran ciudadanos originarios de Cuba, Colombia, Haití, México y otros países, señalados por ocultar antecedentes criminales para obtener la naturalización estadounidense.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la presentación de acciones judiciales para revocar la ciudadanía estadounidense de 17 personas naturalizadas, acusadas de haber obtenido ese beneficio mediante fraude, ocultamiento de información relevante o declaraciones falsas durante sus procesos migratorios.
Según las autoridades federales, los casos involucran delitos graves que incluyen fraude millonario al sistema de salud, abuso sexual de menores, tráfico de drogas, lavado de dinero, fraude financiero, falsificación de documentos migratorios y otros crímenes que, de haberse conocido en su momento, habrían impedido la concesión de la ciudadanía.
El fiscal general interino, Todd Blanche, afirmó que el gobierno mantiene una política de “tolerancia cero” frente a quienes abusan del proceso de naturalización. “La ciudadanía estadounidense es un privilegio que debe obtenerse de manera honesta. Quienes oculten delitos o engañen a las autoridades migratorias enfrentarán consecuencias”, señaló.
Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, aseguró que el gobierno continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para retirar la ciudadanía a individuos que hayan cometido delitos y mentido durante sus trámites migratorios.
Entre los casos más destacados figura el de Leidys Delmas García, una ciudadana naturalizada nacida en Cuba y residente en Florida, quien admitió haber participado en una conspiración de fraude al sistema de salud mediante la operación de 30 clínicas de terapia física que facturaron fraudulentamente más de 36 millones de dólares a compañías aseguradoras.
También aparece Milagros Marileisis Acosta Torres, otra ciudadana de origen cubano, acusada de formar parte de una red que defraudó a un casino tribal en Florida por millones de dólares y que posteriormente ocultó esas actividades durante su proceso de naturalización.
La lista incluye, además, a individuos condenados por delitos sexuales contra menores, esquemas de fraude financiero multimillonario, tráfico de medicamentos sin licencia y uso de identidades falsas para obtener beneficios migratorios.
Las demandas fueron presentadas en distintos tribunales federales del país y son impulsadas por la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia, con el apoyo de agencias como el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y varias fiscalías federales.
De prosperar las acciones judiciales, los acusados perderían su ciudadanía estadounidense y quedarían expuestos a posibles procedimientos de deportación, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso.
Las autoridades subrayaron que la revocación de la ciudadanía es una medida excepcional, reservada para situaciones en las que se demuestra que la naturalización fue obtenida de manera ilegal o mediante engaño deliberado.
