Teherán, Irán — Las protestas que comenzaron en Irán a finales de diciembre por la profunda crisis económica y el colapso del rial se han transformado en el mayor desafío al régimen desde 2022, con manifestaciones extendidas por todas las 31 provincias y una represión que ha dejado cientos de muertos y miles de detenidos.
Localmente impulsadas por el descontento ante el aumento de la inflación, el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo, las manifestaciones han evolucionado en un movimiento antigubernamental que busca cambios políticos más allá de soluciones económicas. Analistas señalan que la juventud iraní ha perdido la esperanza en el sistema actual, ampliando las demandas hacia reformas profundas.
Organizaciones de derechos humanos con sede en el extranjero estiman que al menos 500 personas han muerto en el marco de la represión estatal, incluidas mujeres, jóvenes y manifestantes pacíficos, aunque algunas fuentes sugieren que la cifra real podría ser significativamente mayor. Más de 10.000 personas han sido detenidas en todo el país.
El Gobierno iraní ha impuesto un apagón total de internet y bloqueos de comunicación para dificultar la cobertura internacional, mientras fuerzas de seguridad emplean gas lacrimógeno, balas reales y detenciones masivas para dispersar a los manifestantes.
La tensión ha trascendido las fronteras: en ciudades de todo el mundo, desde Londres hasta Los Ángeles, comunidades iraníes en el exilio han organizado marchas de solidaridad, algunas con episodios de enfrentamientos y protestas ante consulados y embajadas.
A nivel geopolítico, la crisis ha escalado las tensiones entre Irán y Estados Unidos. Washington ha considerado diversas respuestas, incluyendo sanciones adicionales y posibles acciones militares si continúa la represión violenta, una postura que ha sido recibida con advertencias de Teherán sobre su “preparación total para la guerra” en caso de interferencia externa.
La situación en Irán permanece volátil, con riesgos crecientes de confrontación interna y repercusiones regionales, mientras la comunidad internacional exige el fin de la violencia y garantías para los derechos humanos básicos.