WASHINGTON — El gobierno federal de Estados Unidos se encuentra al borde de un cierre parcial luego de que republicanos y demócratas en el Senado no lograran un acuerdo sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en medio de la creciente tensión política tras el tiroteo fatal de un ciudadano estadounidense durante una protesta en Minneapolis.
De no alcanzarse un consenso antes del 30 de enero, el cierre parcial entraría en vigor el 31 de enero, menos de tres meses después de que finalizara el cierre gubernamental más largo de la historia reciente del país.
Aunque varias agencias federales ya cuentan con presupuesto aprobado para el resto del año fiscal —entre ellas Agricultura, Asuntos de Veteranos, Interior, Energía, Justicia y Comercio—, otras de enorme peso quedarían afectadas. Entre ellas figuran DHS, Defensa, Educación, Salud y Servicios Humanos, Transporte, Estado, Trabajo y el Tesoro, que en conjunto representan más del 75 % del gasto discrecional federal, según el Bipartisan Policy Center.
Un pulso político en el Senado
Pese a que los republicanos controlan la Casa Blanca y el Congreso, necesitan el respaldo de al menos siete senadores demócratas para aprobar el paquete de gastos bajo las reglas del Senado. La Cámara de Representantes ya aprobó la legislación la semana pasada, pero los demócratas exigen reformas al DHS o que su financiación se vote por separado.
Los republicanos se resisten a modificar el proyecto y confían en que las recientes acciones de la administración Trump para reducir tensiones entre el DHS y el estado de Minnesota eviten el cierre.
El presidente Donald Trump, quien ya encabezó un cierre de 35 días durante su primer mandato, volvería así a enfrentar un escenario que históricamente ha generado fuerte impacto económico y social.
Consecuencias inmediatas para el país
Incluso un cierre parcial tendría efectos significativos:
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Retrasos en aeropuertos y posibles cancelaciones de vuelos.
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Cientos de miles de empleados federales trabajando sin salario o enviados a licencia forzosa.
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Dificultades para obtener préstamos federales para viviendas o pequeños negocios.
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Suspensión de servicios administrativos y judiciales no esenciales.
Se estima que más de 500.000 trabajadores federales podrían laborar sin recibir sueldo, mientras que otros 480.000 serían suspendidos temporalmente.
Qué sigue funcionando y qué no
Servicios considerados esenciales continuarían operando. El DHS, incluyendo CBP, ICE, TSA, el Servicio Secreto, USCIS y FEMA, mantendría a la mayoría de su personal activo. La Seguridad Social, Medicare, Medicaid y los beneficios por desempleo no se verían interrumpidos.
Los parques nacionales, museos Smithsonian y el Zoológico Nacional permanecerán abiertos gracias a su financiación asegurada hasta septiembre.
El Servicio Postal continuará operando con normalidad, al ser una entidad autofinanciada.
Sin embargo, otros servicios podrían verse afectados, como la emisión de nuevas pólizas del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones, trámites judiciales civiles y ciertos servicios educativos, aunque becas Pell y préstamos estudiantiles seguirían distribuyéndose.
Impacto económico
El cierre gubernamental de 2018–2019 generó una pérdida irreversible de 3.000 millones de dólares en crecimiento económico, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO). Un nuevo cierre también podría afectar la recaudación fiscal y retrasar informes económicos clave, como el reporte mensual de empleo.
La industria turística advierte que cada semana de cierre podría costar 1.000 millones de dólares, con aeropuertos congestionados, largas filas de seguridad y viajes cancelados.
Cuenta regresiva
Con el plazo acercándose rápidamente, la incertidumbre domina en Washington. Si el Senado no actúa en las próximas horas, Estados Unidos podría enfrentar nuevamente un cierre gubernamental que afectaría a millones de ciudadanos, trabajadores y empresas en todo el país.
