EE. UU. sanciona a alto funcionario nicaragüense por violaciones de derechos humanos en aniversario de protestas de 2018
Washington endurece su postura contra el régimen de Ortega y Murillo mientras honra a más de 325 víctimas de la represión

Washington, D.C. — El gobierno de Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, anunció la designación del viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por su presunta participación en graves violaciones de derechos humanos.
La medida fue dada a conocer el 18 de abril de 2026, en el marco del aniversario de las protestas de abril de 2018 en Nicaragua, cuando miles de ciudadanos se levantaron contra el gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aquellas manifestaciones fueron reprimidas violentamente, dejando un saldo de más de 325 personas fallecidas, según cifras ampliamente citadas por organismos internacionales.
De acuerdo con la declaración oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, la designación se realizó en virtud de la sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones de 2026, la cual permite sancionar a funcionarios extranjeros implicados en corrupción significativa o violaciones graves de derechos humanos, restringiéndoles el acceso a territorio estadounidense.
El comunicado subraya que esta acción busca responsabilizar a quienes han contribuido a la represión sistemática contra la población nicaragüense, al tiempo que reafirma el compromiso de Washington con la defensa de los derechos humanos y la democracia en la región.
La decisión se produce en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y el gobierno nicaragüense, al que la administración del presidente Donald Trump ha acusado reiteradamente de socavar las libertades fundamentales y consolidar un régimen autoritario.
Asimismo, la declaración rinde homenaje a las víctimas de las protestas de 2018, destacando la valentía de quienes se opusieron a lo que calificó como “tiranía, corrupción y abusos” por parte del régimen.
Con esta nueva sanción, Estados Unidos refuerza su presión internacional sobre Managua, enviando un mensaje claro de que las violaciones de derechos humanos no quedarán impunes.



