Juez federal bloquea política migratoria de Trump y acusa al gobierno de actuar fuera de la ley
La decisión judicial anula restricciones que dificultaban la permanencia y entrada de inmigrantes de decenas de países y cuestiona el uso de argumentos de seguridad nacional por parte de las autoridades migratorias.
BOSTON — Un juez federal de Estados Unidos anuló este viernes una política migratoria implementada por la administración del presidente Donald Trump que había endurecido los requisitos para que inmigrantes de decenas de países pudieran permanecer o ingresar al país.
La decisión fue emitida por el juez principal del Tribunal Federal de Distrito, John McConnell Jr., quien criticó duramente la actuación del gobierno y de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), al considerar que la medida dejó a miles de personas en una situación de incertidumbre legal.
La política había sido adoptada tras el tiroteo que involucró a dos miembros de la Guardia Nacional y formaba parte de una serie de acciones orientadas a reforzar los controles migratorios bajo argumentos de seguridad nacional.
En su fallo, McConnell sostuvo que la medida “arrojó a las vidas de innumerables inmigrantes que viven en Estados Unidos a un limbo legal indeterminado” y afirmó que USCIS actuó sin la autoridad legal necesaria para imponer las nuevas restricciones.
El magistrado señaló además que la agencia federal tomó decisiones sin ofrecer explicaciones razonadas, ignoró los intereses legítimos de los solicitantes afectados y justificó sus acciones mediante preocupaciones de seguridad nacional que, según escribió, ocultaban sentimientos antiinmigrantes prohibidos por la ley.
“En términos jurídicos, esto significa que las acciones de USCIS son contrarias a la ley y arbitrarias y caprichosas”, afirmó McConnell en una de las partes más contundentes de la resolución.
La sentencia representa un nuevo revés judicial para las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump y podría beneficiar a miles de inmigrantes cuyos procesos habían quedado sujetos a las restricciones ahora invalidadas.
Hasta el momento, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre la decisión judicial.
La resolución podría derivar en nuevas apelaciones y reavivar el debate nacional sobre el alcance de las facultades del gobierno federal en materia de inmigración y seguridad fronteriza.
