EE. UU. endurece el cerco migratorio contra funcionarios de América Latina

WASHINGTON, D.C. — La administración del presidente Donald Trump anunció este lunes nuevas restricciones de visas contra ciudadanos extranjeros a quienes responsabiliza de socavar gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio occidental mediante actos de corrupción o actividades vinculadas al narcotráfico.

El Departamento de Estado informó que las medidas se aplicarán bajo la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), una disposición que permite negar la entrada a personas cuya presencia o actividades propuestas en Estados Unidos puedan tener consecuencias adversas potencialmente graves para la política exterior estadounidense.

La nueva política también contempla restricciones para los familiares inmediatos de las personas afectadas.

Según el Departamento de Estado, las acciones forman parte del compromiso de Washington de combatir la corrupción, el narcotráfico y las amenazas contra el Estado de derecho y las instituciones democráticas en América.

La administración señaló que las medidas están vinculadas con los compromisos asumidos durante la Cumbre de Doral y reafirmados en la declaración de los líderes de Shield of the Americas (Escudo de las Américas) del pasado 22 de septiembre.

Medidas contra ciudadanos de cuatro países

El Departamento de Estado informó que comenzó a aplicar las nuevas restricciones en coordinación con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, países participantes de Shield of the Americas.

Bolivia es el país donde se anunció el mayor número de medidas. Estados Unidos tomó acciones para restringir las visas de 12 ciudadanos bolivianos y sus familias, incluyendo fiscales, jueces, un exministro, un magistrado constitucional, un exdirectivo de Aduanas, un coronel de la Policía y un empresario privado.

Entre los afectados se encuentran:

• Martin Daniel Irusta Flores, fiscal superior.
• Albania Chane Caballero Saavedra, jueza investigadora anticorrupción y de violencia contra la mujer en Santa Cruz.
• Alberto Zeballos Flores, fiscal jefe de Santa Cruz.
• Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de instrucción penal en Santa Cruz.
• Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional.
• Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca.
• Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional.
• Alberto Samuel Soto de la Via, expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional.
• Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente de la Corte Suprema.
• Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia.
• Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía boliviana.
• José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.

Además, otros nueve ciudadanos bolivianos que actualmente no cuentan con visas estadounidenses, junto con sus familias, fueron declarados generalmente inelegibles para obtenerlas.

Colombia

En Colombia, Estados Unidos tomó medidas contra dos ciudadanos y sus familiares, revocando las visas existentes.

Los afectados son Euclides Antonio Torres Romero, empresario propietario de un conglomerado con operaciones principalmente en los sectores energético, de señalización vial y alumbrado público, y Martha Isabel Peralta Epieyu, senadora afiliada al Pacto Histórico y al Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Ecuador y Perú

En Ecuador, el Departamento de Estado anunció restricciones contra dos ciudadanos ecuatorianos y sus familias, con la revocación de las visas de las dos personas señaladas.

En Perú, la medida alcanza a Juan Carlos Núñez Matos, juez del Tribunal Constitucional del Primer Circuito de Lima, y a sus familiares. Estados Unidos revocó las visas existentes del funcionario y su familia.

El Departamento de Estado no identificó públicamente en su comunicado a los dos ciudadanos ecuatorianos afectados.

Designación contra el fiscal general de Bolivia

Además de las restricciones migratorias, Washington anunció la designación pública del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su presunta participación en actos de corrupción significativa.

La medida también afecta a sus familiares inmediatos, quienes quedan generalmente impedidos de ingresar a Estados Unidos.

Según el Departamento de Estado, Mariaca fue elegido en 2024 para un mandato de seis años como fiscal general, durante la administración del entonces presidente boliviano Luis Arce. La dependencia estadounidense lo acusa de haber utilizado sus cargos públicos para solicitar y aceptar sobornos con el objetivo de facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.

Estas son acusaciones del gobierno estadounidense; el comunicado no presenta en detalle las pruebas que sustentan cada una de ellas.

La designación fue realizada bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones para Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de 2026. Esta disposición permite al secretario de Estado designar públicamente o de manera confidencial a funcionarios extranjeros y sus familiares inmediatos cuando existan informaciones creíbles sobre su participación en corrupción significativa o graves violaciones de derechos humanos.

Una nueva herramienta de presión diplomática

El Departamento de Estado afirmó que la nueva política constituye un mecanismo permanente que permitirá a Estados Unidos actuar con rapidez cuando surjan evidencias de corrupción o narcotráfico que, según Washington, contribuyan a socavar gobiernos democráticamente elegidos.

La administración Trump también indicó que buscará coordinar estas medidas con otros países del hemisferio para combinar sanciones, designaciones y acciones financieras contra personas vinculadas a actividades que amenacen la seguridad, el Estado de derecho y las instituciones democráticas.

El anuncio representa una ampliación del uso de las restricciones migratorias como instrumento de política exterior estadounidense en América Latina, particularmente contra funcionarios y personas señalados por Washington de estar involucrados en corrupción o narcotráfico.