EE. UU. destina casi $290 millones para reforzar la seguridad
Los fondos financiarán a policías y agencias de justicia, con énfasis en combatir el crimen violento, las pandillas, el narcotráfico y fortalecer la aplicación de las leyes migratorias.
WASHINGTON. — El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la asignación de casi $290 millones a gobiernos estatales, locales y tribales para fortalecer las actividades de seguridad pública y las capacidades del sistema de justicia penal en todo el país.
Los fondos fueron otorgados a través del Programa de Subvenciones de Asistencia de Justicia Edward Byrne Memorial (JAG), administrado por la Oficina de Asistencia Judicial (BJA), una dependencia de la Oficina de Programas de Justicia del Departamento de Justicia.
El programa JAG constituye una de las principales fuentes de financiamiento federal para las autoridades de justicia estatales y locales, el Distrito de Columbia y los territorios estadounidenses. Durante más de dos décadas, estos recursos han permitido financiar necesidades esenciales de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, incluyendo personal, equipos, suministros, tecnología, capacitación y sistemas de información.
Los fondos también pueden utilizarse para fortalecer programas de prevención del delito y mejorar la capacidad de fiscales, tribunales, agencias correccionales y servicios destinados a víctimas y testigos.
“Este financiamiento fortalece la capacidad de nuestros socios estatales, locales y tribales para enfrentar los delitos violentos, apoyar a los agentes que están en primera línea y mantener seguras a las comunidades de nuestra nación”, afirmó el fiscal general asociado, Stanley E. Woodward Jr.
Woodward destacó que el programa JAG continúa proporcionando recursos esenciales para que las jurisdicciones puedan responder a las amenazas actuales contra la seguridad pública y defender el Estado de derecho.
Prioridades: crimen violento e inmigración
Además de los usos tradicionales de las subvenciones, para el año fiscal 2025 el Departamento de Justicia estableció áreas prioritarias con el objetivo de incentivar a las autoridades estatales y locales a trabajar junto con las agencias federales en algunos de los principales desafíos de seguridad pública.
Entre las prioridades se incluyeron la lucha contra los delitos violentos, la aplicación de las leyes de inmigración, el fortalecimiento de comunidades seguras y la protección de lugares de culto.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, la BJA destinó más de $199 millones en subvenciones JAG estatales, distribuidas mediante 56 asignaciones, y más de $90 millones en subvenciones JAG locales, correspondientes a 895 asignaciones.
Capacitación, tecnología y equipos
Los recursos permitirán financiar una amplia variedad de iniciativas. Entre ellas se encuentra la capacitación especializada para mejorar la prevención, detección y respuesta ante casos de trata de personas, además de incrementar la preparación de los agentes y la capacidad de patrullaje.
Las subvenciones también respaldarán iniciativas que incorporan nuevas tecnologías, capacitación y equipos para combatir el crimen. Parte de los recursos será destinada al análisis integral de datos delictivos para ayudar a las autoridades a tomar decisiones, medir resultados y desarrollar estrategias contra los delitos violentos y otras amenazas a la seguridad.
Asimismo, los fondos permitirán reforzar investigaciones relacionadas con pandillas y narcóticos mediante operaciones dirigidas por unidades especializadas.
Otro de los objetivos será mejorar la seguridad y preparación de los agentes mediante la sustitución de equipos de protección obsoletos, incluidos cascos balísticos, por equipos modernos destinados a incidentes de alto riesgo, operaciones tácticas, situaciones de amenaza activa, cumplimiento de órdenes judiciales, disturbios civiles y otras emergencias.
El Departamento de Justicia indicó que la lista completa de beneficiarios de las subvenciones estatales y locales del programa JAG está disponible a través de la agencia.
La Oficina de Programas de Justicia (OJP) proporciona liderazgo federal, subvenciones, capacitación y asistencia técnica para fortalecer la capacidad del país de prevenir y reducir el crimen, promover una administración de justicia justa e imparcial, asistir a las víctimas y defender el Estado de derecho.
