Cubano de Tampa se declara culpable de red internacional de tráfico de migrantes
Una investigación federal revela miles de entradas ilegales, solicitudes ESTA fraudulentas y más de $600,000 transferidos para financiar el ingreso de migrantes a EE. UU.
WASHINGTON. — Un ciudadano cubano de 31 años, residente en Tampa, Florida, se declaró culpable de participar en una organización internacional dedicada al tráfico de migrantes, fraude relacionado con solicitudes de asilo y lavado de dinero, informó este jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Yuniel Lima-Santos admitió su participación en una red que, según documentos judiciales, habría alentado y facilitado la entrada irregular a Estados Unidos de miles de ciudadanos cubanos y otros extranjeros a través de la frontera sur.
La organización ofrecía sus servicios mediante diferentes plataformas de redes sociales y cobraba entre 1.500 y 40.000 dólares por persona, dependiendo del tipo de servicio de tráfico migratorio requerido.
Falsas solicitudes de ESTA y ciudadanía europea
De acuerdo con la investigación, la red utilizaba documentos falsificados y presentaba solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA) ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Los integrantes de la organización hacían creer que algunos ciudadanos cubanos tenían ciudadanía europea y, por lo tanto, podían viajar a Estados Unidos bajo programas de exención de visa.
Las autoridades señalaron que los ciudadanos cubanos no son elegibles para el programa ESTA. Sin embargo, los acusados supuestamente presentaban solicitudes utilizando direcciones falsas y documentos fabricados.
También declaraban falsamente que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011, pese a que algunos se encontraban en la isla cuando las solicitudes eran presentadas.
Traslado de migrantes y explotación
Los documentos judiciales indican que Lima-Santos también ayudó a trasladar migrantes desde sus países de origen hasta Estados Unidos mediante la compra de boletos de vuelos internacionales y domésticos.
El acusado reconoció haber participado, junto con el coacusado Frandy Aragon Diaz, en el ingreso ilegal de cinco personas a Estados Unidos.
Además, admitió haber ayudado a Aragon Diaz a trasladar a mujeres cubanas al país, donde posteriormente trabajaban en clubes de striptease para pagar las deudas contraídas por el tráfico migratorio.
En algunos casos, los integrantes de la organización llegaron a utilizar aviones privados para transportar grupos de migrantes.
Más de $600,000 enviados al extranjero
La investigación también reveló un componente financiero de la operación.
Según el Departamento de Justicia, entre 2021 y 2024, Lima-Santos transfirió internacionalmente más de 600.000 dólares desde Estados Unidos para pagar vuelos destinados a facilitar la entrada ilegal de migrantes al país.
Además, presentó documentos de constitución en Florida para una empresa fantasma que, según los fiscales, no tenía empleados, nómina ni ingresos reportados, pero era utilizada para mover dinero procedente del tráfico de migrantes y ocultar su verdadero origen.
Podría enfrentar hasta 20 años de prisión
Lima-Santos se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer tráfico de migrantes con fines económicos, cinco cargos de tráfico de migrantes con fines económicos, un cargo de conspiración para defraudar al gobierno de Estados Unidos, un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios y un cargo de conspiración para ocultar instrumentos relacionados con el lavado de dinero.
El acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. La fecha de su audiencia de sentencia será establecida posteriormente.
Un juez federal determinará la pena tomando en cuenta las directrices federales de sentencia y otros factores establecidos por la ley.
Doce personas fueron acusadas
El caso forma parte de una investigación más amplia en la que 12 personas fueron acusadas por su presunta participación en la red internacional.
Liannys Yaiselys Vega-Pérez, Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, Layra Libertad Treto Santos, Emanuel Martínez González, Walbis Pozo-Dutel y Luis Emmanuel Escalona-Marrero se declararon culpables y esperan ser sentenciados.
Erik Ventura-Castro se declaró culpable el 7 de mayo y fue sentenciado en julio a 30 meses de prisión.
Por su parte, Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez y Gisleivy Peralta Consuegra permanecen a la espera de un juicio que está programado para comenzar el 21 de septiembre.
La investigación fue liderada por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) en Tampa, la Patrulla Fronteriza del Sector Miami y la unidad de Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS, con apoyo de otras agencias federales y autoridades de las Islas Caimán.
El caso fue desarrollado y procesado por Joint Task Force Alpha (JTFA), una iniciativa del Departamento de Justicia enfocada en combatir organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico y la trata de personas.
Según el Departamento de Justicia, JTFA ha logrado hasta la fecha más de 477 arrestos nacionales e internacionales, más de 431 condenas en Estados Unidos y más de 370 sentencias de prisión contra líderes, organizadores y facilitadores importantes de operaciones de tráfico o trata de personas.
