EE.UU. sanciona red transnacional liderada por colombianos por reclutar combatientes para la guerra civil en Sudán
Según las autoridades estadounidenses, la red está compuesta principalmente por ciudadanos y empresas colombianas que han reclutado a cientos de exmilitares de Colombia, quienes han viajado a Sudán para combatir junto al RSF
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), anunció la imposición de sanciones contra cuatro individuos y cuatro entidades por su participación en una red transnacional dedicada a reclutar y financiar combatientes para el grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), en medio de la guerra civil que azota a Sudán desde abril de 2023.
Según las autoridades estadounidenses, la red está compuesta principalmente por ciudadanos y empresas colombianas que han reclutado a cientos de exmilitares de Colombia, quienes han viajado a Sudán para combatir junto al RSF. Estas fuerzas han sido señaladas por cometer graves violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos sistemáticos de civiles, violencia sexual y ataques contra niños.
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó que las sanciones buscan “desmantelar una estructura que ha facilitado la brutalidad del RSF, un grupo que ha atacado repetidamente a civiles, incluidos bebés y niños pequeños, profundizando la crisis humanitaria y desestabilizando la región”.
Red de reclutamiento con base en Colombia
La investigación de OFAC, realizada en colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. y el Centro Nacional de Selección de Objetivos, identificó a Álvaro Andrés Quijano Becerra, exoficial del Ejército colombiano con doble nacionalidad colombiana e italiana y residente en Emiratos Árabes Unidos, como una figura central de la operación.
Quijano, con presuntos vínculos previos con el cartel Norte del Valle, habría coordinado el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos a través de la empresa International Services Agency (A4SI), con sede en Bogotá, la cual cofundó. A4SI realizaba campañas de reclutamiento para francotiradores, operadores de drones, artilleros y traductores.
La empresa es dirigida por su esposa, Claudia Viviana Oliveros Forero, quien también fue sancionada por el Tesoro estadounidense.
Para ocultar los vínculos contractuales, A4SI utilizaba a la empresa panameña Global Staffing S.A. (ahora Talent Bridge, S.A.), que firmaba contratos y recibía fondos en su nombre.
Transferencias millonarias y empresas en EE.UU.
Otra pieza clave de la red es Maine Global Corp S.A.S., empresa con sede en Bogotá, administrada por Mateo Andrés Duque Botero, ciudadano colombiano-español. Esta firma fue utilizada para procesar nóminas de los combatientes y realizar conversiones de divisas, con apoyo de compañías asociadas a Duque en Estados Unidos y Reino Unido.
De acuerdo con el Tesoro, estas empresas realizaron transferencias bancarias por millones de dólares entre 2024 y 2025.
También fueron sancionadas Mónica Muñoz Ucros, gerente alterna de Maine Global Corp, y la empresa Comercializadora San Bendito, por su participación en transferencias financieras vinculadas a la red.
Acusaciones de genocidio y crisis humanitaria
El Departamento de Estado de EE.UU. determinó el 7 de enero de 2025 que miembros del RSF cometieron actos de genocidio. Entre los hechos más graves destaca la toma de El Fasher, capital de Darfur Norte, el 26 de octubre de 2025, con apoyo de combatientes colombianos, seguida de masacres, tortura étnica y violencia sexual.
Estados Unidos reiteró su llamado a la comunidad internacional para que cesen el apoyo militar y financiero a los bandos en conflicto y reafirmó su respaldo a una tregua humanitaria y a un proceso de transición hacia un gobierno civil en Sudán.
Impacto de las sanciones
Con estas medidas, todos los bienes e intereses de los sancionados que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos o empresas de EE.UU. quedan bloqueados. Además, se prohíben las transacciones financieras con estas personas y entidades.
El Tesoro advirtió que las violaciones a estas sanciones pueden derivar en sanciones civiles y penales, tanto para ciudadanos estadounidenses como extranjeros.
OFAC subrayó que el objetivo de estas sanciones no es solo punitivo, sino promover un cambio de comportamiento y reducir la violencia en Sudán.
