Trump frena expansión acelerada de centros de detención para inmigrantes tras ola de demandas ambientales
La administración ordena revisiones ecológicas a millonarios proyectos de ICE mientras crece la presión judicial y comunitaria en varios estados
WASHINGTON, D.C. -La administración del presidente Donald Trump dio un giro estratégico a su plan de convertir almacenes comerciales en centros de detención para inmigrantes, tras enfrentar una creciente ola de demandas y bloqueos judiciales relacionados con posibles violaciones a las leyes ambientales federales.
Según reportó The New York Times, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a realizar revisiones ambientales en varios de los proyectos que buscaban ampliar rápidamente la capacidad de detención de inmigrantes en Estados Unidos.
La medida representa un cambio significativo en la estrategia de la administración, que inicialmente defendía que estos proyectos estaban exentos de análisis ambientales bajo la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés), argumentando que los almacenes ya existían y estaban ubicados lejos de áreas ecológicamente sensibles.
Actualmente, ICE mantiene bajo custodia a cerca de 58.000 inmigrantes, muy por debajo de la meta federal de alcanzar 100.000 camas de detención. Esa diferencia impulsó la compra masiva de almacenes en distintos estados para transformarlos en centros migratorios capaces de acelerar las deportaciones.
Sin embargo, el plan encontró fuerte resistencia en comunidades locales y gobiernos estatales de lugares como Nueva Jersey, Michigan, Maryland y Arizona, donde se presentaron demandas alegando que las autoridades federales omitieron estudios obligatorios sobre impacto ambiental y salud pública.
Uno de los casos más críticos ocurrió en Williamsport, Maryland, donde un juez federal bloqueó temporalmente la conversión de un almacén adquirido por ICE por aproximadamente 100 millones de dólares. El proyecto contemplaba albergar entre 500 y 1.500 inmigrantes.
El juez federal Brendan Hurson concluyó que la agencia no cumplió con requisitos esenciales de la legislación ambiental y advirtió que transformar un centro de carga en una instalación masiva de detención podría afectar gravemente la infraestructura local, incluyendo el sistema de alcantarillado y las vías fluviales conectadas con el río Potomac.
Expertos legales consideran que este fallo obligó a la administración Trump a replantear su estrategia para evitar más derrotas judiciales.
“Ese resultado en Maryland cambió su estrategia”, afirmó Jamison E. Colburn, profesor de derecho ambiental de la Universidad Estatal de Pensilvania, quien señaló que las nuevas evaluaciones ambientales buscan blindar legalmente los proyectos antes de avanzar.
De acuerdo con documentos citados por The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a ICE, ya ha comprado 11 almacenes en todo el país por cerca de mil millones de dólares.
A pesar de las controversias, funcionarios federales defendieron la iniciativa y acusaron a opositores políticos de utilizar demandas ambientales para frenar los esfuerzos de deportación de la administración.
Todd Lyons, director interino de ICE, aseguró ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes que las instalaciones serán acondicionadas bajo estándares adecuados.
“Serán adaptadas para convertirse en centros de detención de los que podamos sentirnos orgullosos”, declaró Lyons, insistiendo en que los proyectos cumplirán con las normas federales.
No obstante, dentro del propio gobierno han surgido dudas sobre la expansión acelerada de estos centros. Un alto funcionario reveló que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, estaría revisando toda la estrategia nacional de detención migratoria antes de autorizar nuevas conversiones de almacenes.
