Tiroteo sacude Washington y desata presión política para acelerar megaproyecto en la Casa Blanca

WASHINGTON, D. C. — El tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el sábado ha desencadenado una ofensiva política y legal por parte del gobierno del presidente Donald Trump, que ahora utiliza el incidente como argumento clave para impulsar la construcción de un controvertido salón de baile en la residencia presidencial.

El fiscal general interino Todd Blanche declaró sin rodeos en redes sociales: “Es hora de construir el salón de baile”, al tiempo que respaldaba una carta enviada por el Departamento de Justicia. En ella, el asistente del fiscal general Brett Shumate dio un ultimátum al National Trust for Historic Preservation para que retire su demanda contra el proyecto antes de las 9 a.m. del lunes.

De no hacerlo, el gobierno solicitará a un tribunal que desestime el caso, alegando que los “acontecimientos extraordinarios” del sábado evidencian que el Washington Hilton —sede tradicional del evento— es “demostrablemente inseguro” para actividades que involucren al presidente.

Según la carta oficial, el nuevo salón en la Casa Blanca garantizaría la seguridad presidencial “durante décadas” y evitaría futuros intentos de atentado en eventos masivos.

El National Trust for Historic Preservation, que demandó en diciembre para bloquear la obra, indicó que revisará la solicitud con sus abogados. La organización sostiene que el gobierno avanzó sin las aprobaciones necesarias del Congreso ni de agencias federales.

El proyecto contempla un salón con capacidad para 999 personas en el espacio donde antes se encontraba el Ala Este de la Casa Blanca, demolida el año pasado. Aunque Trump afirma que la obra se financia con donaciones privadas, fondos públicos se están utilizando para infraestructura de seguridad y un búnker subterráneo.

El incidente ha reavivado el debate en Washington. Legisladores republicanos como Jim Jordan respaldaron la iniciativa, calificándola como una alternativa “obviamente más segura”.

También figuras como el senador Lindsey Graham defendieron el proyecto, describiéndolo como una “necesidad de seguridad nacional” que permitiría al Servicio Secreto tener mayor control en eventos de alto perfil.

Incluso algunos demócratas han mostrado apertura. El senador John Fetterman, quien asistió a la cena, señaló que el país estuvo en una posición “vulnerable” durante el evento, sugiriendo que el nuevo espacio podría ser adecuado para este tipo de reuniones.

El complejo de la Casa Blanca ha enfrentado múltiples brechas de seguridad en el pasado, incluyendo intrusiones físicas, un accidente aéreo en 1994 y el escándalo de invitados no autorizados en una cena de Estado en 2009.

Estos antecedentes son ahora utilizados por la administración para reforzar su argumento de que se requiere una infraestructura más moderna y segura.

La construcción, valorada en $400 millones, sigue en curso en medio de disputas judiciales. A principios de mes, un tribunal federal permitió continuar trabajos subterráneos, aunque bloqueó temporalmente la edificación sobre el nivel del suelo. Una audiencia clave está prevista para el 5 de junio ante el juez Richard Leon.

Trump, por su parte, aseguró que el salón estará terminado antes del final de su mandato: “En 2028 tendrán algo de primer nivel, con seguridad total. No habrá problemas”.

Mientras tanto, el tiroteo del sábado sigue generando repercusiones políticas y podría redefinir el futuro de uno de los proyectos más ambiciosos —y polémicos— de la actual administración.