Sacudida en el Departamento de Justicia: despiden a fiscales por casos contra activistas antiaborto
La administración Trump acusa a su antecesor de “justicia politizada” y desata una nueva tormenta política en Washington
WASHINGTON — En una controvertida decisión que intensifica la polarización política en Estados Unidos, la administración del presidente Donald Trump despidió a cuatro fiscales del Departamento de Justicia involucrados en procesos contra activistas antiaborto, alegando que durante el mandato de Joe Biden se abusó de una ley federal destinada a proteger clínicas de aborto.
Los despidos forman parte de una nueva ola de purgas dentro del Departamento, dirigida contra funcionarios que participaron en casos criticados por sectores conservadores o considerados insuficientemente alineados con la agenda del actual gobierno.
El fiscal general interino Todd Blanche defendió la medida al afirmar que se busca poner fin a un supuesto “sistema de justicia de dos niveles”. “No se tolerará la persecución selectiva basada en creencias. La instrumentalización ocurrida bajo la administración anterior no se repetirá”, declaró.
La decisión se produce antes de la publicación de un informe elaborado por un grupo interno del Departamento de Justicia, creado por la exfiscal general Pam Bondi, que investiga lo que considera una “politización” de los procesos judiciales, incluidos los casos relacionados con el propio Trump.
El informe cuestiona la aplicación de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas (FACE Act), promulgada en 1994 para proteger a pacientes y centros de salud reproductiva frente a amenazas y bloqueos. Según la actual administración, durante el gobierno de Biden se ignoraron ataques contra centros de ayuda para embarazadas y lugares de culto, también protegidos por la legislación, mientras se perseguía con mayor dureza a activistas antiaborto.
Sin embargo, figuras clave del gobierno anterior, como el exfiscal general Merrick Garland y el fiscal especial Jack Smith, han defendido que todas las decisiones judiciales se basaron exclusivamente en pruebas y en la ley.
Por su parte, la exjefa de la División de Derechos Civiles, Kristen Clarke, aseguró que las investigaciones se llevaron a cabo de forma equitativa y con el objetivo de garantizar la seguridad pública. “Se abordaron amenazas reales y actos de violencia que afectan a quienes buscan servicios de salud reproductiva en el país”, afirmó.
Las críticas no se han hecho esperar. Exfuncionarios del Departamento acusan a la actual administración de manipular información para justificar los despidos. Maura Klugman defendió a uno de los fiscales destituidos, calificándolo como un profesional ético y respetado.
Organizaciones como Justice Connection denunciaron lo que consideran una “hipocresía alarmante” y advirtieron que esta política envía un mensaje intimidatorio a los empleados de carrera: cumplir con su trabajo podría costarles el puesto si cambia el liderazgo político.
El episodio profundiza las tensiones sobre la independencia del sistema judicial estadounidense y abre un nuevo capítulo en el debate sobre el uso político de las instituciones federales.
