Indulto en Cuba desata indignación: denuncian exclusión total de presos políticos

El reciente anuncio del régimen cubano de otorgar un indulto a 2.010 reclusos ha generado una ola de críticas entre presos políticos, sus familiares y organizaciones de derechos humanos, que denuncian la exclusión sistemática de quienes cumplen condenas por motivos políticos.

El caso de Lisandro Betancourt Escalona, uno de los presos políticos más antiguos de la isla, se ha convertido en símbolo de la controversia. Desde la prisión El Típico, en Las Tunas, el recluso de 63 años —quien padece múltiples enfermedades y discapacidades— denunció en un audio difundido por el grupo legal Cubalex que fue excluido del beneficio.

“Es una farsa más y una mentira más”, afirmó Betancourt, quien lleva más de tres décadas en prisión. Según relató, en su penal solo seis reclusos fueron indultados, aunque ya cumplían condiciones para libertad condicional. “El resto eran personas que debían haber salido hace tiempo. El mundo tiene que conocer eso”, insistió.

El preso político, que tiene amputadas ambas manos, problemas de visión y enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cardiopatías, aseguró que ni siquiera los reclusos en condiciones críticas de salud fueron contemplados en la medida. Además, anunció el inicio de una huelga de hambre en protesta por su exclusión.

Betancourt fue condenado hace 36 años por delitos como “atentado” y “actos contra la seguridad del Estado”, figuras penales ampliamente utilizadas por el régimen para castigar el disenso.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel presentó el indulto como un gesto “humanitario”, enfocado en jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas cercanas al cumplimiento de sus condenas. Sin embargo, la propia normativa excluye a quienes hayan cometido delitos contra la autoridad, categoría que incluye cargos comunes en procesos contra opositores, como “desacato” y “resistencia”.

Organizaciones como Prisoners Defenders sostienen que la medida benefició únicamente a presos comunes. Su presidente, Javier Larrondo, aseguró que en múltiples centros penitenciarios del país —incluyendo instalaciones en La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba— no se ha liberado a un solo preso político.

“Se trata de un drenaje carcelario de presos comunes para reducir costos, mientras se mantiene intacta la represión contra los opositores”, denunció Larrondo, quien además señaló que cada mes se suman nuevas detenciones por motivos políticos.

De acuerdo con esta ONG, Cuba cuenta con más de 240 centros penitenciarios y una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, con aproximadamente 90.000 reclusos en una población de 9 millones de habitantes.

El caso de Betancourt Escalona refleja el impacto real del indulto en la población penitenciaria política, mientras familiares y organizaciones insisten en que las condiciones de los presos políticos siguen marcadas por arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos.